APEDE alerta sobre riesgos del presupuesto 2025
La asignación de recursos debe basarse en las prioridades nacionales y en la capacidad financiera del Estado para garantizar una distribución equitativa y eficiente.
Giulia De Sanctis, presidenta de Apede. Foto: M. Camargo
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Por: Redacción Crítica -
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) ha manifestado su profunda inquietud respecto al presupuesto general del Estado para 2025, que asciende a $30,111 millones.
El gremio señala que la propuesta, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional, presenta serios problemas estructurales que ponen en riesgo la gestión fiscal responsable y la realidad económica del país.
Entre las principales preocupaciones, APEDE destaca las leyes especiales que otorgan aumentos automáticos y asignan porcentajes del Producto Interno Bruto (PIB) a ciertos sectores, sin considerar la limitada capacidad fiscal del Estado. Esto, según la asociación, obliga al país a recurrir a un mayor endeudamiento para cumplir con estas obligaciones.
La APEDE insta a las autoridades a reflexionar sobre las decisiones tomadas y a considerar la suspensión temporal de estos aumentos automáticos, similar a lo que se hizo con los aportes al Fondo de Ahorro de Panamá. Tal medida, afirma la asociación, permitiría recomponer las finanzas públicas y recuperar la calificación de riesgo del país, esencial para mantener la confianza de los inversionistas.
El comunicado también critica que el 60% del presupuesto se destine a un solo sector, lo que APEDE considera inaceptable. La asignación de recursos debe basarse en las prioridades nacionales y en la capacidad financiera del Estado para garantizar una distribución equitativa y eficiente.
Ante la gravedad de la situación, la APEDE recomienda que el proyecto de presupuesto sea devuelto a primer debate para evaluar el uso de los fondos de cada institución y permitir ajustes necesarios que reflejen la real situación económica del país.
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Finalmente, la APEDE reitera su compromiso con el desarrollo sostenible e inclusivo de Panamá, instando al Gobierno Nacional a adoptar decisiones que prioricen el bienestar de todos los ciudadanos y a la sociedad a mantenerse vigilante sobre la administración del dinero público.