Armar casos, fuera de facultades del CSN

De confirmarse las actividades descritas por una serie de reportes de “La Estrella de Panamá” sobre el rol del Consejo de Seguridad en la llamada "Procuraduría Paralela", los miembros de este organismo bajo el paraguas de la Presidencia de la República, claramente se habrían tomado atribuciones que no están entre sus responsabilidades, al hacer de funcionarios judiciales.

Armar casos penales no figura entre ninguna de las funciones especificadas en el Decreto 263 del 19 de marzo de 2010, que crea el Consejo de Seguridad Nacional y dicta otras disposiciones, ni tampoco en el Manual de Organización del Sector Público elaborado en 2017.

Según el Decreto 263, quienes integran el CSN son el presidente de la República (que lo presidirá), el ministro de la Presidencia y quienes el presidente designe.

El Manual de 2017 hace más específicos los integrantes del CSN: y agrega a los ministros de Gobierno y Justicia, de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas y el director del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, quien será el secretario ejecutivo.

Durante la actual administración gubernamental, este último cargo ha sido ejercido por Rolando López, señalado por las publicaciones de “La Estrella” como el encargado de armar los casos, con la ayuda del abogado Rogelio Saltarín.

La duda queda, dentro de lo descrito por los reportes de “La Estrella”, sobre si las reuniones que Saltarín sostuvo con el CSN solo fueron con Rolando López, o participaron todos o parte de los funcionarios que -según el Manual de 2017- forman parte de la entidad.

Entre las funciones del CSN están establecer los objetivos anuales de inteligencia, realizar seguimiento y evaluación del desarrollo de los objetivos de inteligencia, examinar y emitir concepto sobre los programas de cooperación internacional en materia de seguridad, información e inteligencia, y otros.

Todo con el fin de prevenir, evitar y enfrentar actividades contra la soberanía, independencia e integridad de la República, el orden constitucional, sus infraestructuras e intereses estratégicos. También para enfrentar amenazas al Canal de Panamá, actos de terrorismo, espionaje, rebelión, delincuencia, crimen organizado y tráfico ilegal de armas y materiales prohibidos.

Las críticas no han parado contra las actividades de la "Procuraduría Paralela". El periodista Juan Carlos Tapia señaló: "‏Por más que traten de defender las acciones ilegales del Consejo de Seguridad que se rige por decretos, jamás un decreto estará por encima de nuestra Constitución. Todo el proceso de investigación penal, constitucionalmente tiene que hacerlo la Procuraduría General de la Nación".