Corte prepara nuevo proyecto de fallo sobre omitir imputación

El pleno de la Corte Suprema de Justicia inició el jueves la discusión del proyecto de fallo sobre la inconstitucionalidad de no imputar antes de una acusación y se decidió hacer un nuevo proyecto, una nueva ponencia a cargo de la magistrada María Eugenia López, presidenta de la Sala Penal.

La información la reveló ayer el magistrado José Ayú Prado al ser abordado por un grupo de periodistas durante la firma de un acuerdo que busca desburocratizar el intercambio de las asistencias judiciales en materia penal impulsado por la Unión Europea.

"Los jueves tenemos reunión ordinaria de pleno y estaba agendado, se logró discutir en una sesión bastante extensa y se decidió un cambio de ponencia. Se discutió, una discusión bastante rica, hubo varias opiniones profundas... Como estamos hablando de un proyecto son ideas que estamos ventilando y no hay ninguna conclusión todavía. Se decidió hacer un nuevo proyecto, una nueva ponencia, que llevará a cabo la magistrada María Eugenia López, presidenta de la Sala Penal", indicó Ayú Prado.

Aunque el recurso fue interpuesto por la defensa del exmandatario Ricardo Martinelli antes de su segunda absolución en el caso pinchazos, el tema debe ser aclarado, de lo contrario se ha creado un precedente al considerar que la admisión es imputación, imputar sin audiencia y acusar sin imputar.

El proyecto inicial de Cecilio Cedalise fue filtrado por algún magistrado de la Corte o miembro de su personal, lo que motivó una denuncia ante la Procuraduría de la Nación interpuesta el 28 de octubre.

Cedalise calificó esa actividad de deleznable, reprochable y hasta censurable por la ley.

Todo indica que un magistrado de la Corte o desde su despacho filtró a los medios el proyecto de fallo sobre la inconstitucionalidad de no imputar antes de una acusación. Cedalise -al circular su ponencia- estableció un encriptación distinta para cada despacho del resto de los 8 magistrados, a fin de detectar una posible filtración.

Es probable que el Procurador Javier Caraballo ordene un peritaje para comparar el fallo que se hizo público con la copia entregada a cada magistrado. El jefe del Ministerio Público deberá decidir si investiga, si archiva o si declina el caso a la Asamblea Nacional.

Si se trata de un magistrado puede enfrentar una investigación y hasta su posible destitución. Ya en 1993, la propia Corte juzgó, condenó y destituyó a un Procurador por sustracción de documentos.

En 1993, se condenó al entonces procurador Rogelio Cruz por algo menos grave: llevarse a casa para su revisión una carta que le había enviado el entonces embajador de EEUU, Deane Hinton, respecto a una denuncia promovida contra él como jefe del Ministerio Público por un grupo de diputados.

Si es un magistrado, la denuncia debe ser investigada por la Comisión de Credenciales, que puede designar una subcomisión de garantías de tres diputados y con el voto de dos, pueden separar al togado topo.