Corte violó debido proceso al "Loco" al desconocer fuero

Sittón también advirtió de la ilegalidad de algunas prácticas del despacho del maistrado-fiscal Oydén Ortega, que lesionan las garantías y la debida defensa del exmandatario,

Por: José González Batista/Crítica -

La defensa de Ricardo Martinelli advirtió ayer ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la violación del debido proceso con la decisión del pleno de ese órgano el admitir el trámite del expediente de los pinchazos, sin haber pedido el desafuero del exmandatario, que recuperó esa protección tras la convocatoria de comicios internos de Cambio Democrático (CD: El abogado Sidney Sittón aseguró que Martinelli, adquirió un nuevo fuero penal electoral luego que los magistrados Erasmo Pinilla, Heriberto Araúz y Eduardo Valdés aprobaran a través de Resolución No. 52 de 2 de junio de 2015, el reglamento y calendario de elecciones de para las elecciones internas del 25 de octubre de 2015. Sittón también advirtió de la ilegalidad de algunas prácticas del despacho del maistrado-fiscal Oydén Ortega, que lesionan las garantías y la debida defensa del exmandatario, tales como: el impedir la libre entrada a la fiscalía de los abogados y sus asistentes, así como el negar el derecho a los defensores de obtener copias en tiempo oportuno y expedita de las decisiones. Según el abogado, dentro de la fiscalía se incorporan a destiempo las diligencias a la carpeta y de manera deliberada se impide que la defensa técnica esté atenta a los trámites del proceso y al desarrollo de la investigación, situaciones que limitan las garantías absolutas de un justo y debido proceso legal. "Prácticamente se ha militarizado la entrada a la Fiscalía, impidiendo la entrada libre de los apoderados a un despacho público", advirtió el defensor. Concluyó que las reiteradas dilaciones injustificadas de la fiscalía va contra principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el Tratado Internacional sobre Derecho Civiles y Políticos. .


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