¡La misma receta en Brasil y Panamá!

Las filtraciones de chats en Brasil revelan cómo el exjuez Sergio Moro presionaba a fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato para que influir en la opinión pública y perjudicar al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, conocido como Lula.

 La revista en línea The Intercept revelófiltraciones de la mensajería “Telegram” que muestran que Moro sugirió a los fiscales que montaran una campaña pública contra el hombre al que estaba juzgando, lo que plantea dudas sobre la imparcialidad de Moro en el juicio que llevó a la condena de 12 años de prisión contra Lula e impidió su candidatura presidencial.

Se trata de nuevos chats donde el actual ministro de Justicia de Brasil instruía al Ministerio Público Federal para que este enviara reseñas a la prensa con el objetivo de contrarrestar y desacreditar las acciones de la defensa legal de Lula.

Bajo el título de "Conversaciones secretas de la Lava Jato", desde el 9 de junio The Intercept viene publicado los mensajes filtrados. Las primeras series demostraron entre otras cosas cómo Moro y el fiscal Deltan Dallagno conspiraron para impedir que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) concediera entrevistas desde prisión durante la pasada campaña electoral.

Tras la divulgación de las controvertidas conversaciones, los letrados defensores de Lula insistieron en que el expresidente fue víctima de una persecución política y judicial, y pidieron al Supremo Tribunal Federal (STF) su inmediata liberación.

Moro, actual ministro de Justicia de Brasil, puso en duda la autenticidad de los mensajes y dijo que no hará comentarios sobre los textos obtenidos por piratas informáticos.

El expresidente Lula da Silva afirmó que Brasil finalmente conocerá la verdad. 'Siempre dije que Moro es mentiroso. Dije en el primer testimonio que hice, está grabado, que él estaba condenado a condenarme', señaló Lula.

The Intercept denuncia que estas grabaciones 'demuestran que el actual ministro (de Justicia y Seguridad Pública) se ha entrometido en el trabajo del Ministerio Público -lo que está prohibido - y fue bien recibido, actuando de manera informal como un auxiliar de la acusación”.

 Lo sucedido en Brasil parece haber funcionado en Panamá también con la llamada “Procuraduría Paralela” contratada por el mandatario Juan Carlos Varela por $385,20, donde su abogado particularRogelio Saltarín, efectuó 153 reuniones con 29 instituciones del Estado a fin de recabar material probatorio para las querellas que serían presentadas en la Procuraduría.

Hubo al menos 25 reuniones con el Consejo de Seguridad  a cargo del comisionado Rolando López Pérez y que tenía entre sus principales colaboradores en esa agencia de inteligencia presidencial a la hoy procuradora, Kenia Porcell, y al posteriormente ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt.

El contrato fue firmado por el Ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.

La trama  -según el trabajo de la periodista Adela Coriat- incluía una coordinación con otros abogados y diputados panameñistas. "Había actores secundarios y un club de abogados llamado La Taquilla".

Saltarín –fallecido a fines del año pasado- representó a Varela en una demanda judicial interpuesta por el expresidente Ricardo Martinelli por el supuesto delito del honor.

También lo representó en el caso del excónsul Jaime Lasso, la donación de $10 millones para su campaña política proveniente de Odebrecht y en la denuncia por la compra de Centuria, un yate adquirido por $3 millones de dólares.

Pero además esta semana, la exministra de Educación Lucy Molinar aseguró de una de las tres personas que participaron en los procesos que se armaron en su contra en el Ministerio Público, la visitó para pedirle perdón y le reveló que desde una “Torre que Mira al Mar”: 9 personas decidían a quién del gobierno anterior se le armarían expedientes.

  Una fuente reveló que entre los 9 estarían dos altos cargos del Ejecutivo, dos diputados, un operador de inteligencia, un exministro, una alta figura del Ministerio Público, una exfuncionaria del Ministerio Público y un abogado particular.

 Además para armar los casos contra funcionarios del anterior gobierno se preparaba desde el gobierno una matriz informativa que era enviada a los medios aliados que publicaban el material y eso era utilizado como “notitia criminis” para iniciar los expedientes. Luego las declaraciones de los investigados eran filtradas hasta antes de ser entregadas a los abogados defensores.