Los cambios a la ley de Contrataciones Públicas
Los cambios a la ley de Contrataciones Públicas
Por: Redacción / Crítica Impreso -
La inhabilitación de empresas confesas de delitos o con acuerdos de cooperación, la eliminación de la figura de licitación por mejor valor, mayores controles en la aprobación de adendas y cambios en la conformación de las comisiones evaluadoras son algunos de los elementos nuevos en el proyecto de reformas a la Ley de Contrataciones Públicas.
Un comunicado de la Presidencia de la República destacó ayer que realizó "cambios técnicos sustantivos y cualitativos" al proyecto que fue llevado a la Asamblea Nacional este 31 de julio por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander. Este proyecto modificará la ley 22 de 2006.
Los cambios
Según el gobierno de Laurentino Cortizo, la iniciativa incluye la inhabilitación de empresas con acuerdos de colaboración o que hayan confesado delitos.
Además elimina el modelo de licitación por mejor valor con evaluación separada, usado en las dos últimas administraciones para grandes proyectos, y en que el precio de referencia quedaba oculto en toda licitación.
También desaparece la posibilidad de descalificar a un proponente porque presente un precio que se considere riesgoso, es decir que sea muy inferior al precio de referencia.
Para evitar después un alza en el contrato se controlará la aprobación de adendas y si el número es superior al 25% del contrato se deberá contar con la aprobación del Consejo Económico Nacional (CENA).
Otro punto a destacar, es la agilidad en los procesos de actos de contrataciones públicas, ya que mejorará los periodos de admisión, resolución, tanto en la Dirección General de Contrataciones Públicas como en el Tribunal de Contrataciones Públicas.
La propuesta establece que las comisiones evaluadoras provendrán aleatoriamente de un sistema que administrará la Dirección de Contrataciones Públicas y ninguno de los miembros de dicha comisión podrán ser funcionarios de la entidad licitante.
De la misma manera, la reforma a la Ley de Contrataciones Públicas pretenden agilizar los procesos mediante el uso de la tecnología.
