Oficialismo sospecha de garganta profunda en Contraloría

Desde el oficialismo sospechan que la documentación que puso al descubierto el funcionamiento de la “Procuraduría Paralela” que armó junto al Consejo de Seguridad los expedientes contra opositores fue filtrada desde la Contraloría, como una especie de seguro anticipado para cubrir a figuras del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Y es que el meollo de la investigación de la decana “La Estrella de Panamá” sobre cómo se armaron los casos contra los funcionarios del gobierno de Martinelli es el propio informe que presentó Rogelio Saltarín, el abogado particular del mandatario Juan Carlos Varela, que luego fue contratado por casi $400 mil para ejercer una labor considerada como una “Procuraduría Paralela”.

Para poder cobrar sus honorarios, Saltarín tuvo que presentar varios informes de su gestión ante el contralor Federico Humbert, los cuales llegaron uno el 28 de noviembre de 2014 y el otro el 16 de marzo de 2016.

El PRD sabía que el gobierno del presidente Varela le armaba un paquete a los altos cargos del gobierno perredista del periodo 2004-2009 para salpicarlos con el escándalo de Odebrecht y logró la documentación sobre la “Procuraduría Paralela” y otra documentación sensitiva sobre los panameñistas, para anticipar un control de daños frente a los ataques que se preparaban desde el gobierno contra figuras de la administración del mandatario Martín Torrijos.

¿Y cuál fue el detonante de todo? Un reportaje del 5 de septiembre en el que el diario “La Prensa” –bien conectado con el Palacio de las Garzas y la Procuraduría- dio algunos puntillazos de por dónde venían los tiros.

“Este medio tuvo acceso a documentos que muestran lo que aparentan ser órdenes de pago provenientes de la obra identificada como Irrigacao Remigio Rojas”, señalaba un resaltado del “diario libre”. La nota adelantaba que los fiscales brasileños le han pedido a Marcelo Odebrecht que los ayude a establecer nuevas líneas de investigación respecto a 489 mil correos electrónicos del otrora mandamás del gigante brasileño, señalaba “La Prensa”.

El diario resaltó que Odebrecht pagó coimas desde que puso su pie en Panamá tras obtener el proyecto Remigio Rojas, en el gobierno de Martín Torrijos.

Remigio Rojas se pactó en $54.2 millones y terminó en $65.3 millones. Pero antes –allá por septiembre de 2002 durante el gobierno de Mireya Moscoso- se afirmaba que el Remigio Rojas formaba parte de cuatro proyectos de riego a un costo total de $40 millones. Los otros eran el del río Santa María, el Valle de Tonosí y Barú. Luego en julio del 2004, se habló de que el Remigio Rojas tenía un precio de referencia de $15 millones.

Unas semanas antes de esa revelación, la procuradora Kenia Porcell estuvo en Brasil y es probable que acopió algo de ese material.

Esta semana, el presidente del Partido Panameñista, José Luis Varela, -al ripostar al secretario general del PRD, Pedro Miguel González luego de que este volvió a denunciar ante el pleno de la Asamblea Nacional, que Odebrecht financió con $10.7 millones a Juan Carlos Varela, desveló los planes del oficialismo.

Lo que dice Pedro Miguel es una “estrategia para ocultar las coimas en periodo 2004-2009, y tratar de confundir coimas en gobierno con donaciones políticas en oposición, y esconder 24 apartamentos recibidos por sobornos”, fue la dura respuesta de Varela, que coincide con los adelantos de “La Prensa”.

La última semana ha sido una de las más duras para el varelismo, porque no ha podido articular una defensa frente a lo evidente. Lo más que pudieron hacer fue silenciar a sus medios aliados para mantener a bajo perfil el contenido de los reportajes de “La Estrella de Panamá”.

Para esta semana han tratado de ensayar algunas estrategias llegando al extremo de querer forzar una declaración desde su lecho de enfermo del abogado Saltarín, cuando en todo caso, serían los funcionarios responsables de su contratación, los que deben salir a aclarar todo el embrollo.

Lo que sí tiene a todo el aparato de inteligencia preocupado es identificar al “garganta profunda” que dio los documentos sobre la “Procuraduría Paralela” y todas las miradas se dirigen hacia la Contraloría.