Panamá debe esforzarse para garantizar derechos de indígenas, revela la ONU

Panamá
EFE

 Panamá "debe esforzarse más" para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la preservación cultural de sus pueblos indígenas, reveló el diagnóstico que sobre la situación de los aborígenes presentó hoy un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La representante regional del Alto Comisionado, Carmen Rosa Villa, explicó que el informe particular sobre Panamá forma parte del diagnóstico hecho a los pueblos indígenas de Centroamérica, sin incluir Belice, y que en el mismo participaron representantes de todas las etnias de la región, quienes fueron los que propusieron los temas analizados en el documento.
Los ejes tratados fueron: tierras, territorios y recursos, libre determinación, justicia, participación política, educación, salud e igualdad y no discriminación.
Villa indicó que el estudio "permite disponer de un panorama general sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas", que puede ser utilizado para trazar líneas estratégicas y acciones concretas para garantizarles sus derechos.
El documento, cuyo estudio se realizó entre 2010 y 2011, se presentó en marzo pasado en Costa Rica, y se espera que a finales de septiembre próximo en El Salvador y en Honduras antes de que finalice el año, faltando por coordinar su divulgación en Nicaragua y Guatemala.
Señaló que el documento recoge el reconocimiento y protección jurídica de las tierras y territorios que el Estado panameño ha otorgado a los pueblos indígenas, "pero esa titulación no ha logrado ser una medida eficaz para evitar las invasiones a estos territorios y las concesiones de exploración y explotación de los recursos naturales que se encuentran en ellos".
Sobre el tema de la libre determinación, el estudio plantea la necesidad de una mayor cooperación entre el Estado y las autoridades indígenas para garantizar su plena autonomía, por ello es necesario consolidar e implementar políticas en favor de los derechos de los pueblos indígenas coherentes con los estándares internacionales.
En el ámbito de la justicia también se reconocen los avances que se han registrado, sobre todo en el nuevo Código Procesal Penal de 2008, pero algunos de estos esfuerzos deben ser dirigidos a la capacitación y asesoramiento de los profesionales del derecho, con el objeto de proveer la debida interpretación en los idiomas indígenas en los procesos judiciales.
En cuanto al derecho de participación política se resalta el hecho de que en Panamá la representación parlamentaria indígena es escasa, a pesar de que los pueblos aborígenes representan el 12 % de la población total del país.
Mucho más reducida es la representación de la mujer indígena en los congresos generales, máximo órgano tradicional indígena, donde solo uno de los doce es liderado por una mujer.
En lo referente a la educación se recalcó que es necesario intensificar los programas que reduzcan la brecha existente en el acceso a la educación entre la población indígena y la no indígena, tanto en la educación básica como en la superior.
En materia de salud, el informe precisa que las organizaciones de derechos humanos han enfatizado la necesidad de incrementar los esfuerzos para garantizar el acceso en las áreas rurales y de difícil acceso, así como reducir las tasas de muertes maternas en las regiones indígenas.
Finalmente, en el tema que habla sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el documento destaca la existencia en la Defensoría del Pueblo de una unidad especializada en asuntos indígenas y del trabajo que se realiza conjuntamente con la oficina del Alto Comisionado, para crear un protocolo de actuación para la atención de los casos de discriminación racial y étnica.