Nacional - 06/2/14 - 06:47 AM
Sacyr: “Queremos seguir negociando aunque la obra se pare”
El Gobierno reclamará a Sacyr el aval si Cesce tiene que pagar. El grupo no ha cuantificado aún el impacto en sus cuentas
Tomado: El País
España
Las negociaciones se han roto, pero tanto la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) como el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) aún mantienen una rendija abierta para retomar el diálogo, al menos en sus declaraciones. “Mientras haya posibilidades, vamos a seguir luchando”, señaló este miércoles Manuel Manrique, presidente de Sacyr a EL PAÍS. El directivo admite que, ante la falta de financiación, “la obra se va parando sola, de hecho, se va a parar”. Pero incluso en ese escenario, el consorcio mantiene que es posible el diálogo. “Vamos a insistir en que queremos seguir negociando aunque esté parada la obra”.
El Gobierno reclamará a Sacyr el aval si Cesce tiene que pagar. El grupo no ha cuantificado aún el impacto en sus cuentas
En favor de la negociación se pronunció este miércoles también la ministra de Fomento, Ana Pastor. En declaraciones en Alicante recogidas por Europa Press, la ministra insistió en apelar “a lo que han hecho las partes durante este último mes, a seguir dialogando”, y a “lograr un entendimiento” que permita concluir una “infraestructura clave para todo el mundo”. Pastor insistió en que se trata de un problema financiero. “No se está hablando de la ingeniería, que sigue impoluta, de magníficos tecnólogos e ingenieros que trabajan en la obra. Estamos hablando de un problema financiero que tienen que resolver las partes”, dijo resaltando la importancia de “la defensa de la marca España en materia de ingeniería civil”.
El Gobierno, de momento, no tiene previsto realizar otro viaje a Panamá, tras la visita de Pastor de enero. “Si se confirman las noticias de la ruptura de las negociaciones, sería una mala noticia para todas las partes porque creemos que existía una alternativa que era mejor para todos”, dijo este miércoles el ministro de Economía, Luis de Guindos, antes de participar en un coloquio organizado por Deloitte y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), informa Amanda Mars.
Guindos subrayó que el Gobierno tratará de “minimizar” el impacto que tendría el desacuerdo final y el cese de las obras sobre las cuentas públicas. Hacía referencia a la contragarantía prestada por Cesce, empresa de mayoría pública, en relación con la ejecución de la obra. En caso de que la firma Zurich tenga que desembolsar la fianza de cumplimiento de 400 millones, podrá a su vez exigírsela a las firmas de seguros nacionales de los miembros del consorcio. Cesce prestó un aval inicial por 217 millones de dólares (unos 160 millones de euros) por si se ejecuta la fianza a Zurich y Sacyr no la reintegra en cinco días. Por separado, Cesce suscribió con la constructora española un acuerdo por el que Sacyr se obligaba al pago de la prima y a reembolsarle el importe de la indemnización en el caso de que llegase a producirse el pago de la misma, de modo que solo habría peligro para las arcas públicas en un supuesto extremo de insolvencia del grupo constructor.
Sacyr admitió el mes pasado que se juega se juega fianzas, anticipos y garantías por 573,9 millones de dólares (420 millones de euros). Esas garantías incluyen 173,3 millones de dólares de fianza de cumplimiento, 21,7 de pago a proveedores, 363,4 de anticipo de obra y 15,5 por préstamos. Los miembros del consorcio tienen una garantía conjunta y solidaria frente a la ACP de 600 millones de dólares, de los que 400 son por el cumplimiento de la obra.
Sacyr aún no tiene cuantificado el impacto sobre sus cuentas del conflicto del Canal. Evaluará la situación con la ayuda de un experto independiente y de los auditores del consorcio y de la propia empresa, que tendrán que decidir si realizan una advertencia o párrafo de énfasis en su informe sobre las cuentas.
Manrique considera que el consorcio apenas puede hacer nada más tras su última oferta, la cual implica hacerse cargo de la financiación del 50% de los sobrecostes, cifrados en 1.600 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros) y garantizar a la ACP el cobro de la otra mitad si los jueces dan la razón al Canal en los arbitrajes sobre esos costes imprevistos. Además, subraya que su propuesta implica que todo el dinero fresco sea puesto por el consorcio, mientras que el Canal se limite a posponer la devolución de los anticipos. El presidente de Sacyr rechaza las acusaciones del Canal de que haya sido “inflexible” y subraya cómo GUPC ha ido suavizando su postura. Tras pedir 400 millones de dólares de aportación del Canal, admitió que esa suma sea asumida como deuda por el consorcio. Y de reclamar que la devolución de los anticipos se pospusiese al fin de los arbitrajes, admite que se reintegren en plazos de 2015 a 2018, año en que acaba el contrato de mantenimiento.
Manrique cree que aún es pronto para hablar de la batalla jurídica, que en realidad ya discurre en paralelo en relación con los sobrecostes, y que será en lo que acabe el caso si la ruptura del contrato se consuma.
España
Las negociaciones se han roto, pero tanto la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) como el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) aún mantienen una rendija abierta para retomar el diálogo, al menos en sus declaraciones. “Mientras haya posibilidades, vamos a seguir luchando”, señaló este miércoles Manuel Manrique, presidente de Sacyr a EL PAÍS. El directivo admite que, ante la falta de financiación, “la obra se va parando sola, de hecho, se va a parar”. Pero incluso en ese escenario, el consorcio mantiene que es posible el diálogo. “Vamos a insistir en que queremos seguir negociando aunque esté parada la obra”.
El Gobierno reclamará a Sacyr el aval si Cesce tiene que pagar. El grupo no ha cuantificado aún el impacto en sus cuentas
En favor de la negociación se pronunció este miércoles también la ministra de Fomento, Ana Pastor. En declaraciones en Alicante recogidas por Europa Press, la ministra insistió en apelar “a lo que han hecho las partes durante este último mes, a seguir dialogando”, y a “lograr un entendimiento” que permita concluir una “infraestructura clave para todo el mundo”. Pastor insistió en que se trata de un problema financiero. “No se está hablando de la ingeniería, que sigue impoluta, de magníficos tecnólogos e ingenieros que trabajan en la obra. Estamos hablando de un problema financiero que tienen que resolver las partes”, dijo resaltando la importancia de “la defensa de la marca España en materia de ingeniería civil”.
El Gobierno, de momento, no tiene previsto realizar otro viaje a Panamá, tras la visita de Pastor de enero. “Si se confirman las noticias de la ruptura de las negociaciones, sería una mala noticia para todas las partes porque creemos que existía una alternativa que era mejor para todos”, dijo este miércoles el ministro de Economía, Luis de Guindos, antes de participar en un coloquio organizado por Deloitte y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), informa Amanda Mars.
Guindos subrayó que el Gobierno tratará de “minimizar” el impacto que tendría el desacuerdo final y el cese de las obras sobre las cuentas públicas. Hacía referencia a la contragarantía prestada por Cesce, empresa de mayoría pública, en relación con la ejecución de la obra. En caso de que la firma Zurich tenga que desembolsar la fianza de cumplimiento de 400 millones, podrá a su vez exigírsela a las firmas de seguros nacionales de los miembros del consorcio. Cesce prestó un aval inicial por 217 millones de dólares (unos 160 millones de euros) por si se ejecuta la fianza a Zurich y Sacyr no la reintegra en cinco días. Por separado, Cesce suscribió con la constructora española un acuerdo por el que Sacyr se obligaba al pago de la prima y a reembolsarle el importe de la indemnización en el caso de que llegase a producirse el pago de la misma, de modo que solo habría peligro para las arcas públicas en un supuesto extremo de insolvencia del grupo constructor.
Sacyr admitió el mes pasado que se juega se juega fianzas, anticipos y garantías por 573,9 millones de dólares (420 millones de euros). Esas garantías incluyen 173,3 millones de dólares de fianza de cumplimiento, 21,7 de pago a proveedores, 363,4 de anticipo de obra y 15,5 por préstamos. Los miembros del consorcio tienen una garantía conjunta y solidaria frente a la ACP de 600 millones de dólares, de los que 400 son por el cumplimiento de la obra.
Sacyr aún no tiene cuantificado el impacto sobre sus cuentas del conflicto del Canal. Evaluará la situación con la ayuda de un experto independiente y de los auditores del consorcio y de la propia empresa, que tendrán que decidir si realizan una advertencia o párrafo de énfasis en su informe sobre las cuentas.
Manrique considera que el consorcio apenas puede hacer nada más tras su última oferta, la cual implica hacerse cargo de la financiación del 50% de los sobrecostes, cifrados en 1.600 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros) y garantizar a la ACP el cobro de la otra mitad si los jueces dan la razón al Canal en los arbitrajes sobre esos costes imprevistos. Además, subraya que su propuesta implica que todo el dinero fresco sea puesto por el consorcio, mientras que el Canal se limite a posponer la devolución de los anticipos. El presidente de Sacyr rechaza las acusaciones del Canal de que haya sido “inflexible” y subraya cómo GUPC ha ido suavizando su postura. Tras pedir 400 millones de dólares de aportación del Canal, admitió que esa suma sea asumida como deuda por el consorcio. Y de reclamar que la devolución de los anticipos se pospusiese al fin de los arbitrajes, admite que se reintegren en plazos de 2015 a 2018, año en que acaba el contrato de mantenimiento.
Manrique cree que aún es pronto para hablar de la batalla jurídica, que en realidad ya discurre en paralelo en relación con los sobrecostes, y que será en lo que acabe el caso si la ruptura del contrato se consuma.