SECUESTRADOS POR EL CRIMEN ORGANIZADO
Para que un país continúe por los senderos del progreso y la prosperidad no sólo basta que quien nos gobierna se jacte en decir que hay un crecimiento económico y que todo marcha bien, cuando la mayoría de los panameños sabemos que eso no es cierto, que el panorama real es otro, porque un país sin seguridad no puede crecer, desarrollar ni aspirar a crear un modelo eficiente de servicios para su población. Tampoco puede progresar un país cuyos ciudadanos son perseguidos por el gobierno de turno para satisfacer su delirio de Rey monárquico.
Todos los días vemos a través de los diversos medios de comunicación noticias que nos erizan la piel, con crímenes que uno no estaba acostumbrado a ver en nuestro país y que sólo lo conocíamos a través de películas o series. No obstante, nos estamos acostumbrando a presenciar cuerpos decapitados, dejados o arrojados en cunetas, montes o simplemente semienterrados en cualquier parte de la geografía nacional.
Tenemos una nación preñada en violencia, tráfico de droga y pandillas juveniles patrocinadas por el crimen organizado. Nuestros hijos están en peligro, los riesgos de caer en las garras de estos grupos delincuenciales es cada vez mayor. La deserción escolar, la violencia doméstica, la alta tasa de desempleo, la pérdida de valores en la familia panameña y la deficiente política pública de seguridad del gobierno nos está arrastrando hacia un abismo sin futuro y sin esperanza.
Lo más triste de todo esto es que las autoridades se rehúsan en admitir el fracaso en materia de seguridad, se mantienen con la tesis de un absurdo concepto de percepción que mantiene colmado a todo un país que está consciente que salir hoy a la calle es un riesgo, sea este desde el populoso barrio de El Chorrillo hasta las exclusivas avenidas de Punta Pacífica o Costa del Este, nadie está a salvo.
Pero veamos ¿qué nos dicen las estadísticas? Y un ejemplo son los propios números ofrecidos por el Ministerio Público en los tres primeros meses de este año, 2018. Según estas cifras la provincia de Panamá presenta el mayor índice de homicidio del 1 de enero al 31 de marzo de este año con 47 víctimas fatales; le siguió Colón con 20; el distrito de San Miguelito con 16; Panamá Oeste 13 homicidios y Chiriquí con 8.
No obstante, hasta el mes de mayo, la provincia de Chiriquí aumentó a 18 homicidios, igualmente ha ocurrido con la provincia de Colón que hasta la fecha registra 26 asesinatos y Panamá Oeste con otra veintena más, lo que es un claro indicio que el programa de seguridad del gobierno fracasó y hoy todos, sin excepción estamos secuestrados por estas organizaciones criminales que causan luto y dolor a la familia panameña.
Los organismos de seguridad del Estado tienen a valiosos hombres y mujeres que los representan en la sociedad, pero mi opinión es que hay que “despolitizar” a los estamentos de seguridad, tal como ocurre con la administración de justicia, secuestrada también por la política, provocando con ello una corriente fluida de injusticias especialmente contra todos aquellos que son adversarios, critican o cuestionan al gobierno.
Yo soy una víctima de la politización de la justicia y de la seguridad en Panamá, y como yo hay muchos panameños de bajo y alto perfil que estamos indefensos no por falta de abogados sino por el diseño y confección de expedientes inventados o reinventados por parte de quienes están al frente de estas entidades dedicadas a combatir el crimen, con decisiones contrarias al Estado de Derecho que nos garantiza la Constitución y las leyes de nuestro país.
Desde el primer momento en que injustamente se me involucró en supuestas irregularidades, donde nada tengo que ver, siempre he dado la cara para aclarar cualquier duda. He asistido voluntariamente a cada una de las diligencias judiciales en el Ministerio Público, porque ese es el deber cívico que tiene todo ciudadano cuando así se le requiere. Sin embargo, la actuación de los fiscales no ha sido recíproca muy por el contrario, violentando el debido proceso e irrespetando la presunción de inocencia, ayer, por ejemplo se me ha ordenó nuevamente una detención en el edificio AVESA, alejándome de mi familia, mis hijos y especialmente de unas claras intenciones para correr políticamente. Esta pudiera ser la gran verdad de lo que se teje alrededor de mi caso.
Quiero dejar bien claro, ni mis empresas ni yo hemos recibido un centavo de actividades ilícitas, somos creyente no sólo de Dios sino de la actuación correcta que debe tener todo ciudadano en nuestra sociedad y por esta razón es que me presenté voluntariamente ante el Ministerio Público, si embargo, para nuestra sorpresa, la fiscal de la causa nos ordenó una detención en una de las celdas provisionales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
Hay que rescatar al país del flagelo y las garras del narcotráfico, pero también de los malos políticos que estando en el poder abusan de sus adversarios. Esta recuperación se logrará si aplicamos las inversiones que el país requiere para que haya más empleos, mas dinero circulante en el país y por ende una mejor calidad de vida que todos queremos.