Sindicalistas tildan de sospechosa condena de 5 años a siete dirigentes

Algunos de los sindicalistas condenados por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales de Panamá a 5 años de prisión por peculado, en perjuicio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), reaccionaron ante el fallo.

Mariano Mena explicó que en su caso se le está juzgando por la compra de 7 barriles de cerveza para un 1 de mayo,que representan $700, dinero que fue devuelto cuando se inició el proceso”.

Mena cuestionó que se saque ese fallo en momentos en que el movimiento sindical está resueltamente a evitar la privatización de los fondos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social.

Además destacó que está pendiente un Amparo de Garantías por violación al debido proceso.

Ramiro Guerra, abogado de Guillermo Puga, dijo que es una sentencia que no está en firme y que admite el recurso de apelación.

El juzgado se adelantó a dictar un fallo teniendo conocimiento de que había un amparo interpuesto en un tribunal superior. Esto nos hace sospechar sobre las reales intenciones de sacar el fallo sin que se esperara que el Tribunal Superior resolviera el amparo sobre un alegato de prescripción, alegó Guerra.

Los condenados fueron: Guillermo Puga Rodríguez, Elberto Luis Cobo Rodríguez, Mariano Mena Quintana, Gabriel Castillo Coba, Armando Enrique Rangel Gordón, Víctor Manuel Torres De León y Aniano Pinzón.

La sentencia fue proferida por la Juez Águeda Reintería Sánchez. Además, se les impuso como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término a la pena de prisión impuesta, la cual comenzará una vez cumplida la sanción principal.

Puga es directivo de la Caja de Seguro Social. Elberto Cobos, es directivo del Inadeh y de la Comisión de Alto Nivel para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en el Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas” (PBCB).

La investigación del Ministerio Público surgió a raíz de una denuncia presentada en abril de 2010, señalando que el Instituto de Estudios Laborales, que es una unidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, entregó grandes sumas de dinero a los gremios sindicales confederados, sin que hayan presentado informes del uso del dinero provenientes del Seguro Educativo descontando a los trabajadores del país.

Según informe de la Contraloría General se encontraron incongruencias y gastos con fines distintos a lo establecido en el Decreto que regula el Seguro Educativo, sin que los dirigentes sindicales pudiesen sustentar la suma superior a $261 mil.

Se alega que si bien es cierto que los sancionados no ejercían cargos dentro del Mitradel, representaban legalmente a entidades sindicales encargadas de administrar el fondo suministrado por el Instituto Panameño de Estudios Laborales, proveniente del 5% de la recaudación del seguro educativo, el cual tiene como objetivo contribuir con la capacitación sindical y el desarrollo de la educación social y económica del trabajador y empleador panameño.