Varela pondrá a "El pueblo primero" a pagar impuestos
¡Agárrense! Jueces ejecutores de la Dirección General de Ingresos (DIG) inician operativos de secuestro de cuentas y bienes.
Por: Redacción -
Más de $286 millones en morosidad reflejada en unos 8,724 expedientes se apresta a recuperar la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante jurisdicción coactiva de impuestos y la notificación de oficios de secuestros a través de bancos y otras entidades financieras a nivel nacional.
Así lo informó Luis Oscar Pittí, juez ejecutor coordinador de la DGI, quien detalló que la diligencia por cobro coactivo establece el secuestro de bienes como: autos, casas, cuentas bancarias; lo que obliga a los contribuyentes a acercarse a la DIG, a realizar arreglos de pagos que implican un recargo del 20%.
A la fecha, se han expedido unos 3,800 oficios de secuestros de un gran total de 5,938. Mientras que el Tribunal de Cuentas acumuló otros 900 expedientes que alcanzan la suma de $200 millones por lesión patrimonial, que la antigua Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP) no ejecutó, explicó Pittí.
El informe brindado por los jueces ejecutores se da luego de que este viernes se procedió a secuestrar cuentas bancarias y bienes de aquellos contribuyentes que mantienen morosidad en el pago de impuestos tributarios con el Estado, operativos que continuaran como parte de la línea de acción de la institución.
“La DGI está reforzando la labor de los jueces ejecutores con más recursos y el nombramiento de personal a fin realizar una efectiva gestión de cobros”, señalo Pitti, al tiempo que exhortó a los contribuyentes a pagar sus tributos con la finalidad de evitar llegar a estas acciones, ya que el Estado no tiene interés en acumular bienes o cuentas bancarias, sino de cobrar los impuestos adeudados.
La falta de una cultura tributaria evidencia la alta morosidad existente entre los contribuyentes naturales y jurídicos. En estos casos el Estado, es juez y parte, luego de recibir del Departamento de Cobranzas la certificación para dar inicio al proceso, amparado en el código fiscal y judicial.
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