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Abuso

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Dos casos se han convertido en paradigmáticos de la persecución política e incapacidad del Ministerio Público, que enfila sus baterías contra los que considera enemigos del actual gobierno, mientras que a los allegados mencionados en conductas delictivas no los investiga.

Tales son los casos de Eudocio “Pany” Pérez, alcalde de Los Santos, al que los fiscales vincularon con la llamada operación El Gallero, y contra el que pidieron y obtuvieron inicialmente su separación del cargo, y del emprendedor panameño Mayer Mizrachi, al que acusaron de incumplir un contrato con la Autoridad de Innovación Gubernamental para dotarla de un sistema seguro de mensajería electrónica.

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El caso de Mayer es dramático porque pusieron en acción a la Interpol, con sus alertas rojas, hasta lograr que fuera detenido en Colombia varios meses, para que ahora, el fiscal de cuentas diga que Mayer cumplió con todos los parámetros del contrato y las licencias fueron entregadas. ¿Dónde está el delito?, preguntamos.

En el caso de Pérez, los fiscales han sido vencidos en dos instancias, en su tozudez de mantener al perredista separado del cargo y vinculado a la investigación, de la que todo indica que también se va a caer.

Cuando en un país, los órganos de persecución del delito se politizan, es signo de que sus autoridades transitan hacia la persecución y el autoritarismo; tales indicios los vemos en estas investigaciones, que siempre al final se caen porque no buscan la verdad, sino amedrentar y perseguir.

Ahora la gran pregunta: ¿Quién les paga a Mayer y a “Pany” las penurias injustamente causadas? Que se preparen los del Ministerio Público a enfrentar demandas civiles y penales que seguramente vendrán.

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