Acotaciones al informe de la Comisión 20 de Diciembre

Por: Por: Olmedo Beluche -

El 20 de diciembre de 2018, ha rendido su informe parcial la llamada “Comisión del 20 de Diciembre de 1989”, creada en 2016 para esclarecer los hechos de la última gran invasión de Estados Unidos contra Panamá.

Hay que felicitar a la comisión por este esfuerzo de transparencia al presentar informes de sus avances cada 6 meses, lo cual dice sobre la seriedad con que sus comisionados han asumido la responsabilidad de una tarea en la que el pueblo panameño, y especialmente los familiares de los caídos de la invasión, han afincado muchas esperanzas para que se sepa la verdad de lo ocurrido.

La comisión está presidida por el ingeniero Juan Planells, rector de la Usma; y por los comisionados: Svetlana Jaramillo, Rolando Murgas, Eusebio Muñoz (en reemplazo de Maribel Jaén) y Enrique Illueca (quien renunció por razones a las que nos referiremos más adelante).

En esta ocasión el informe estuvo dividido en varias partes: los discursos protocolares del rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores C.; la presidenta del Comité de Familiares de los Caídos del 20D, Trinidad Ayola; el presidente de la comisión, Juan Planells; un importante informe sobre la cifra de muertos a cargo; un informe acerca de las violaciones al derecho internacional; y una recomendación sobre memoria y dignificación.

Empezando por la reiteración de nuestro respeto hacia los miembros de la comisión y su labor, con el deseo sincero de que sus resultados finales sean satisfactorios, y justamente por eso, hacemos las siguientes acotaciones puntuales:

1. Salvo el último punto, sobre el Día de Duelo Nacional, a tres días de presentado el informe, los datos concretos aportados no están aún disponibles en la página web de la comisión.

2. Sobre la solicitud de que se declare como Día de Duelo Nacional, “efectivo a partir del 20 de Diciembre de 2019”, se presta a ser interpretada como salvar al presidente Juan C. Varela y a la actual Asamblea Nacional de su responsabilidad histórica y “botar el balón hacia adelante” para que lo resuelva el próximo gobierno.

Salvo el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos los demás argumentos esgrimidos ahora por la comisión, ya se conocían cuando hace año y medio el comisionado Enrique Illueca propuso que se formalizara la solicitud de duelo nacional. Sin embargo, la negativa injustificada de entonces a aceptar esa propuesta llevó a la renuncia de Illueca.

No debió esperarse a la última conmemoración durante el gobierno de J. C. Varela para hacer la solicitud. Hay que exigirle a este gobierno y a esta Asamblea Nacional que legislen el Día de Duelo Nacional con carácter de urgencia para que demuestren al país que son consecuentes con esta investigación o si solo han pretendido una manipulación hipócrita y politiquera de este problema.

3. Sobre la cifra de muertos. Es meritorio el esfuerzo dirigido por Sevetlana Jaramillo por establecer una lista fehaciente y fuera de toda duda. Ella señala que en este momento, ya hay verificadas 230 personas caídas el 20 de diciembre de 1989, pero que el proceso continúa y se ha solicitado una extensión del plazo de trabajo de la comisión que vence en abril de 2019.

Jaramillo mencionó varios informes y varias listas. Pero aclaró que la comisión ha tomado como referencia la lista proporcionada por el Centro de Estudios Estratégicos de Panamá, publicada en medios locales con fecha del 26 de octubre de 1992, la cual contendría 319 nombres, con errores que fueron depurados y añadidos otros para mantenerse en esa cantidad. La página web de la comisión presenta esta lista de la que partió su labor.

Al respecto se nos vienen a la mente varias preguntas: ¿De dónde el Centro de Estudios Estratégicos obtuvo esta lista? ¿Cómo se construyó? Es necesario que esto se sepa con claridad y no que quede como un misterio irresuelto.

Pero también hay informes de listas con casi el doble de nombres que no sabemos por qué no se han tomado como referencia para iniciar la investigación. Parece que entidades muy serias que portaron datos desde 1990 y que reportaron tener listas han sido dejadas de lado sin investigar exhaustivamente, siendo que los voceros de esas entidades deberían ser llamados a declarar bajo juramento.

Por ejemplo, yo mismo entrevisté en 1990 a Minerva Gómez, del Comité Panameño de Derechos Humanos, uno de los pocos que por su relación cualitativa con las autoridades de entonces podría tener acceso a información privilegiada. De manera que en el libro “La verdad sobre la invasión” consigné que la señora Gómez, en nombre de esa entidad, decía que: “En la actualidad (octubre 90) tenemos un listado de 93 desaparecidos, los cuales, sumados a la lista de muertos que posee este comité totaliza la cifra de 556 personas” (Pág. 89).

El profesor Roberto Méndez, en 1994, en su libro “Panamá, 20 de diciembre de 1989, ¿Liberación… o crimen de guerra?” publicó una lista con nombres y apellidos, segregada entre militares y civiles, cuya fuente es el Informe del Contralor de 1990, para la lista de militares y la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa), para los civiles, con 99 militares y 273 civiles, o sea, 372 personas (págs. 258 a 269).

Pero hay más. El 11 de enero de 1990 el Instituto de Medicina Legal habló de una lista de 516 nombres. El 28 de enero de 1990, Panorama Católico sostiene que la Iglesia posee una lista de 673 personas.

En el documental “Invasión”, del reputado director panameño Abner Benaím, se entrevista al exfuncionario del Hospital Santo Tomás, Saturnino Solís, quien aduce haber visto un registro de 800 personas que luego los militares norteamericanos desaparecieron.

Con el debido respeto, parece que sería un error y restaría credibilidad al informe final de la comisión si se quedara con la lista más corta de caídos por la invasión de las que se han mencionado, sin haber indagado a fondo a todas las personas e instituciones que alegaron poseer o conocer listas con casi el doble de nombres. Las personas responsables de esas y otras entidades deben ser llamadas a declarar bajo la gravedad de juramento en esta investigación y deben ser citadas por la comisión.

Bibliografía

1. Beluche, Olmedo. La verdad sobre la invasión. Manfer, S.A. Panamá, 2004.

2. Centro de Estudios Estratégicos. Panamá: Nuestros Muertos ¿Cuántos son?… ¿quiénes fueron… ¿dónde están? https://www.elpais.cr/2015/12/16/panama-nuestros-muertos-cuantos-sonquienes-fuerondonde-estan/

3. Méndez, Roberto. Panamá, 20 de diciembre de 1989, ¿Liberación… o crimen de guerra? Cela. Panamá, 1994.

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