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Indignación

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Ha levantado una ola de indignación y rechazo nacional, el reciente caso de un ciudadano muy conocido en las redes sociales y vinculado a medios de comunicación social, al que luego de un acuerdo pena negociado con el Ministerio Público se le impuso una sentencia de 10 años de cárcel por un caso de violación sexual.

La opinión pública, casi unánimemente, ha expresado por distintos medios su desacuerdo con el monto de la sanción impuesta y la posibilidad de que estos acusados por un delito tan deleznable puedan negociar su pena a cumplir e incluso salir de la cárcel antes de cumplir la totalidad de la pena.

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El Ministerio Público ha tratado de justificar el acuerdo, al señalar que la figura existe en la ley procesal penal vigente y que, de lo contrario, se tendría que ir a juicio para demostrar la responsabilidad penal del imputado.

Lo que salta a la vista de todo esto es el miedo o inseguridad de los fiscales a enfrentar a la defensa del imputado en una audiencia oral o la falta de elementos de convicción probatorios para lograr una condena del acusado.

Por otra parte, el hecho se da luego de que la Asamblea Nacional aprobara en tercer debate un proyecto de ley que aumentaba las penas de cárcel a los pedófilos y pederastas y que crea un registro nacional de estos sujetos.

Lo triste de todo es que, además del daño causado a la menor, el responsable se podrá beneficiar con una libertad por cumplimiento de las dos terceras partes de la pena.

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