Los Estados y la vigilancia masiva ilegal

Cada vez son más los Gobiernos que, en nombre de la seguridad y la lucha contra el terrorismo, dan carta blanca al espionaje de sus ciudadanos. Países como Francia, Reino Unido, Rusia o Hungría han introducido legislaciones que apoyan la vigilancia masiva en todo el mundo. Estas leyes permiten la interceptación “no individualizada” de todas las comunicaciones electrónicas, amplían el periodo de tiempo para retener la información almacenada y otorgan un mayor poder al ejecutivo, al eliminar la necesidad de una autorización judicial previa.

Que estas legislaciones hayan sido aprobadas preocupa, y mucho. Sobre todo, cuando hace tan solo tres años salieron a la luz documentos que probaban la existencia de programas de vigilancia sobre las comunicaciones privadas de millones de personas en todo el mundo. Los informes filtrados por el exanalista de la CIA y de la NSA, Edward Snowden, revelaron que decenas de agencias de varios países colaboraban entre ellas para expandir y consolidar una vigilancia globalizada. Con este objetivo, las agencias emplearon métodos muy diversos. Desde la introducción de “software” espías en aplicaciones móviles, pasando por la interceptación de llamadas, correos electrónicos y transacciones financieras, hasta la colaboración con compañías tecnológicas tan populares como Google, Facebook o Microsoft, entre otras, quienes de forma voluntaria o a cambio de millones de dólares, entregaron datos de sus clientes, además del acceso a sus servidores. Todo esto les permitió crear perfiles de prácticamente cualquier persona, pues gracias a estos datos se pudo deducir su modo de vida, país de origen, edad, sexo o ingresos.

A pesar del gran escándalo que causaron estos informes, y las promesas de diversos países de revisar las agencias de inteligencia, no se hizo nada. Es más, ahora la vigilancia masiva está siendo institucionalizada con la complicidad de Gobiernos y tribunales, a través de leyes que son incompatibles con el respeto a la privacidad y que carecen de las más mínimas garantías legales.

Hablamos de una cuestión de derechos humanos que puede tener un impacto devastador en nuestra sociedad. Primero porque estas nuevas leyes atacan directamente nuestro derecho a la intimidad, recogido tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en casi todas las constituciones y tratados internacionales. Y segundo, porque limitan el ejercicio de otras libertades, como la libre expresión. Nada en estas leyes prohíbe a los estados compartir los datos privados con Gobiernos que no respetan este derecho, lo que podría hacer mucho más fácil la persecución de activistas, periodistas o disidentes en todo el mundo.

El “statu quo” es inaceptable. Es necesario un debate, tanto parlamentario como público, que sea claro y exhaustivo y que pare los pies a este “Gran Hermano” que nos vigila a todos. Solo así recuperaremos, como dice Edward Snowden, “no solamente una cuota de legalidad para los Gobiernos, sino una cuota de libertad para nuestras vidas digitales”.