Objetividad y transparencia
La ola de impugnaciones que afecta principalmente a los diputados electos de Cambio Democrático (CD), partido que a partir del 1 de julio será la principal fuerza de oposición dentro de la Asamblea de Diputados, parece motivada más que todo por el inconfesable deseo de disminuir el peso político del colectivo en el Órgano Legislativo.
Un ejemplo de esto es la legítima victoria alcanzada por una diputada interiorana sobre su más cercano rival, al que superó por más de seis mil votos, y este -como mal perdedor- ha impugnado sin ningún fundamento.
Lo dramático de esta lluvia de impugnaciones contra CD, es que existe el peligro de que la Asamblea de Diputados arranque incompleta a partir del 1 de julio, lo que constituye una afrenta para los miles de ciudadanos que les dieron el voto a esos diputados que ahora pretenden impugnar los malos perdedores.
Es por ello que se hace necesario que el Tribunal Electoral, así como manejó con eficiencia y transparencia incuestionable la logística de los pasados comicios, demuestre igual diligencia en la resolución de estas impugnaciones, de modo tal que el nuevo periodo legislativo arranque con la mayor normalidad posible.
El Tribunal Electoral tiene una alta responsabilidad: debe actuar con imparcialidad, madurez, objetividad y todas las demás virtudes procesales, para evitar que la marejada de impugnaciones derive en una "cacería de brujas" contra diputados electos, como es el caso de la parlamentaria interiorana a la que aludimos, que ha sido impugnada por su rival al que como se dice en buen panameño "dejó regado".
La ciudadanía estará vigilante para que no se produzca una crisis institucional y que la voluntad popular no sea burlada por quienes son los llamados -precisamente- a proteger la integridad y pureza del sufragio.