Informe para la CIDH: Troitiño vinculada al sector político
Un informe para la CIDH advirtió que la opinión pública panameña vincula a Esmeralda Arosemena de Troitiño con el sector político partidista.
Por: Redacción/Crítica -
Un informe elaborado por un panel internacional que evaluó los perfiles de los candidatos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la opinión pública panameña vincula a Esmeralda Arosemena de Troitiño con el sector político partidista que la designó magistrada de la Corte Suprema de Justicia en la administración del expresidente, Martín Torrijos, del hoy cogobernante Partido Revolucionario Democrático.
Arosemena de Troitiño, quien fue electa la semana pasada como nueva comisionada de la CIDH, fue impulsada por la administración panameñista del presidente, Juan Carlos Varela, quien tiene entre sus asesores a Salvador Sánchez, padre de la única nieta de la exmagistrada. Sánchez es el secretario de asuntos jurídicos de la Presidente de la República.
“La opinión pública panameña parece vincularla al sector político que la designó como magistrada algunos años atrás, durante el gobierno de Martín Torrijos. La Dra. Arosemena ha emitido recientemente declaraciones públicas favorables al desafuero del ex presidente [Ricardo] Martinelli para enfrentar cargos de [supuesta] corrupción. Es difícil juzgar si se trata de posturas partidistas o de intervención en la discusión pública de materias de alto interés social y dentro de la competencia de una ex magistrada”, alertó el panel en su informe.
La candidatura de la nueva comisionada fue acremente criticada por sectores vinculados a los derechos humanos. En su paso por la Corte Suprema de Justicia le dio la espalda a los reclamos de familiares y víctimas del envenenamiento masivo con dietileneglycol que fue fabricado y despachado en la Caja
de Seguro Social, un escándalo de salud pública que estalló en el año 2006 bajo la administración de René Luciani, otrora director de esa entidad de salud en el gobierno de Martín Torrijos.
Como magistrada de la Sala Penal, a donde llegó tras la destitución de César Pereira Burgos, manejó la tesis de que los crímenes de lesa humanidad, como aquellos perpetrados en la dictadura militar, prescribían.