MP participa en taller de blanqueo de capitales

La Procuraduría General de la Nación participó en el "Taller subregional en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo y lavado de dinero: Minimizar los riesgos de las zonas de libre comercio", organizado por secretarías de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas y del Comité Interamericano contra el Terrorismo.

Dicha actividad se está realizando en esta ciudad desde el 17 al 20 de agosto, y Panamá es representado por el subsecretario general de la Procuraduría General de la Nación, David Antonio Díaz Martín.

Correspondió a Díaz Martín ser el primer ponente del evento, con el tema: "Ministerio Público ante la nueva legislación en materia de lavado de activos en las zonas libres de comercio", en el cual hizo referencia al artículo 44 de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que establece controles para las zonas francas, como lo son la Zona Libre de Colón, empresas establecidas en la Agencia Panamá Pacífico, zona franca de Barú, empresa Diamante de Panamá, y les permite asegurar la razonabilidad de sus operaciones en cuanto a conocer la identidad de su contraparte de la cadena comercial o actividades que se desarrollan, con lo que entienden los riesgos de los delitos relacionados con blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y el financiamiento de las armas de destrucción masiva.

Díaz Martín profundizó en la figura del "beneficiado final", haciendo hincapié en que esa figura puede tratarse de una persona o personas naturales a cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción, a la vez que enfatizó: "Panamá es un país de alto riesgo y es necesario adoptar medidas seguras que nos permitan detectar quiénes harán actividades ilícitas".

Hizo referencia al artículo 254 del Código Penal, Capítulo IV, que habla sobre blanqueo de capitales, y que dispone que quien, personalmente o por interpuesta persona, reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con el soborno internacional, los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, contra los derechos de la propiedad industrial o contra la humanidad, tráfico de drogas, asociación ilícita para cometer delitos relacionados con drogas, estafa calificada, delitos financieros, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, homicidio por precio o recompensa, contra el ambiente, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de terrorismo, pornografía y corrupción de personas menores de edad, trata y explotación sexual comercial, robo o tráfico internacional de vehículos, con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito, o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles, será sancionado con pena de cinco a doce años de prisión.

Díaz Martín enfatizó en que lo que se está haciendo hasta el momento relacionado con el combate al blanqueo de capitales va más allá de sacar al país de una lista gris, se busca fortalecerlo en el marco regulatorio definido y completo, sistema de responsabilidad y con la acción preventiva.