Sucesos - 08/8/13 - 10:13 PM

Patria acude a la Corte Suprema

Un amparo de garantías constitucionales presentó la exdefensora del pueblo, Patria Portugal, contra el acto celebrado el 5 de agosto de 2013, por el cual la Asamblea

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Grisel Bethancourt / Crítica


Exdefensora

Patria Portugal acudió junto a su equipo de abogados a presentar una acción legal contra la Asamblea Nacional que la destituyó.

Un amparo de garantías constitucionales presentó la exdefensora del pueblo, Patria Portugal, contra el acto celebrado el 5 de agosto de 2013, por el cual la Asamblea Nacional la removió de su cargo.

El abogado Rogelio Cruz, representante legal de Portugal, acudió junto a su defendida a la Corte Suprema de Justicia con el fin de impugnar la Resolución Número 3 del 5 de agosto de 2013, que destituye a Portugal.

Cruz solicitó a la Corte que revoque la resolución, la cual lesiona, viola, restringe y menoscaba los derechos de Portugal, en su condición de defensora del pueblo, previstos en la Constitución Política y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA.

Sostiene el amparo de garantías que el defensor del pueblo es nombrado por el Órgano Legislativo para un periodo de 5 años, dentro del cual no podrá ser suspendido ni removido, sino por el voto de dos tercios de los miembros, por causas definidas en la ley.

“Sin haber obtenido la previa autorización de la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional sancionó a la defensora del pueblo, Patria Portugal De León, con la remoción de su cargo, sin ser oída en un juicio previo seguido, conforme a la Ley 38 de 31 de julio de 2000”.

La destitución de Portugal, dijo Cruz, se hizo efectiva en la Gaceta Oficial el 6 de agosto de 2013, por lo que entró a regir.

Señala el jurista que las garantías fundamentales que se infringieron fueron el artículo 33 de la Constitución Política donde no se “puede sancionar sin juicio previo en los casos y dentro de los precisos términos de la ley”.

Cruz puntualizó en la acción penal que la norma ha sido violada por omisión, en la medida que la resolución de la Asamblea Nacional impugnada sancionó a Portugal, con la remoción de su cargo, en un juicio previo que le asegurara todas las garantías procesales.

“Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria”, indica el amparo.

El caso de Portugal en el Ministerio Público declinará a una Fiscalía Anticorrupción y saldrá del Sistema Penal Acusatorio la cual la estaba procesando.


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