Miembros de la Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP), que aglutina organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas e indígenas, y la dirigencia del Partido Popular (PP) presentaron ayer, por separado, ante la Asamblea Nacional, una denuncia penal para que se investigue al presidente Ricardo Martinelli por la presunta comisión de los delitos de violación a la intimidad.
La denuncia guarda relación con los cables filtrados por el portal Wikileaks y que fueron publicados el 25 de diciembre por los diarios El País y el New York Times, en los que se afirmó que, supuestamente, Martinelli habría solicitado ayuda a la DEA para "pinchar" teléfonos a opositores políticos por medio de la operación "Matador".
Para los dirigentes de ULIP, los cables de Wikileaks son verídicos, porque el Gobierno de Estados Unidos no ha salido a desmentir los contenidos y, por el contrario, abrió una investigación contra el fundador del portal electrónico para extraditarlo a Estados Unidos.
El grupo pidió a la Asamblea realizar oficios ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a fin de determinar si el programa "Matador" cuenta con autorización judicial para dichas interceptaciones telefónicas.
Por su parte, Carlos González de la Lastra, presidente encargado del PP, dijo que esta comisión debería investigar los hechos conocidos a finales de 2010, cuando salió a relucir a través de los cables filtrados por Wikileaks el caso de las supuestas intervenciones telefónicas y las violaciones al derecho de expresión.
Según González de la Lastra, se debe investigar el hecho de que el presidente haya solicitado, supuestamente, a un Gobierno extranjero, un equipo para hacer grabaciones telefónicas.