En la sesión de ayer no hubo bancadas de gobierno ni de oposición. Los 71 diputados cerraron fila para defenderse de los ataques que surgen por la elaboración de un informe de auditoría del Fondo de Inversión Social (FIS) que advierte de un supuesto desfalco de $12 millones.
Los parlamentarios afirmaron que dicho informe tendencioso fue elaborado por un grupo de "ex militares trasnochados" en las labores de seudoauditores para perseguir y chantajear políticamente a los diputados. La empresa López Consultores es la firma auditora cuestionada por los diputados.
Las irregularidades habrían sido, supuestamente cometidas en las dos últimas administraciones presidenciales.
Vinculado a este caso, el presidente de la Asamblea Nacional, José Luis Varela, envió una carta a la Contralora de la República, Gioconda Torres de Bianchini, en la que le solicitó el inicio de una investigación sobre los hechos denunciados en el FIS.
El jefe del Legislativo manifestó que no es una empresa auditora la que determina la existencia de un acto de corrupción de los bienes del Estado, sino los resultados de las pesquisas que realice la Contraloría.
La convocó de manera respetuosa, pero enérgica, en nombre de la Asamblea Nacional, a "ejercer esta función que la Constitución Política le asiste para que inicie una auditoría y se investigue cualquier irregularidad", señala la nota enviada por Varela a Bianchini.
Varela cuestionó la legitimidad de López Consultores para elaborar un informe selectivo de auditoría, ya que el FIS no solo hace labor social con los diputados, sino que también lo hace con las alcaldías y las juntas comunales.
Recalcó que los resultados brindados por la empresa no serían válidos, ya que la Contraloría es el ente encargado para hacer la investigación.
El director del Fondo de Inversión Social (FIS), Giacomo Tamburrelli, señaló, en un boletín de prensa, que el grupo consultor contratado por la entidad para verificar el estado financiero y administrativo en el que se encontraba la institución, tras asumir funciones en julio de 2009, "se tomó atribuciones que no le correspondían".
"Lo correcto es hacer público un informe, luego que la Contraloría General de la República investiga y verifica los resultados para determinar la veracidad de los supuestos hallazgos. Por eso nunca di a conocer el informe a la luz pública hasta esperar una auditoría de la Contraloría", agregó Tamburrelli.
El propósito de la consultoría interna consistía en verificar el estado financiero y administrativo en el que se encontraba la institución.
