La puesta a la luz de un informe de auditoría de una firma privada, que revela un supuesto desfalco de 12 millones de dólares en el Fondo de Inversión Social (FIS), en el que estarían involucrados al menos 19 diputados opositores y oficialistas, será una de las pruebas de fuego para saber si realmente la actual administración es el gobierno del "Cambio".
La mayoría de los involucrados en el destape han reaccionado a la defensiva, echándole la culpa a la firma de aditores Consultora López. El actual Director del FIS, Giácomo Tamburelli, se ha justificado al señalar que la firma, contratada por él mismo para auditar la entidad, se tomó atribuciones que no le correspondían durante su estudio, y que si no había revelado el contenido del informe hasta ahora, era porque esperaba que la Contraloría lo verificara.
Por su lado, un grupo de diputados mencionados en el presunto fraude millonario han atacado el trabajo de Consultora López, pidiendo una nueva auditoría independiente.
La que tiene la bola ahora es la nueva Contralora General de la República, Gioconda de Bianchini, en quien debe recaer la responsabilidad de efectuar su propia auditoría al FIS y así determinar si en efecto se estuvieron robando los dineros del pueblo durante al menos una década.
Lo cierto es que las dudas sobre la transparencia en el manejo de los programas de esta institución son de vieja data, y este caso no puede quedar en nada, como la mayoría de los escándalos de alto perfil de este país, cuyo ejemplo más infame es el del Caso CEMIS.
Y este "tamal" del FIS tiene potencial de ser aún mayor.
