Los ex trabajadores portuarios fueron privados de ser socios accionistas de Panamá Ports Company, al no ofertarse por parte del Estado acciones entre el 5% y 20%, según lo establecía la Ley marco de privatización N.� 16 del 14 de julio de 1992.
Así lo denunció el secretario general del gremio, César Aparicio, quien informó que la empresa ha obtenido ganancias superiores a los mil millones de balboas anuales con estas acciones y que al no recibir respuestas ni del gerente general, Alejandro Kouruklis, ni de su presidente, John Meredith, se avocarán a una protesta el próximo 26 de enero para exigir sus derechos.
El dirigente indicó que jurídicamente, tanto el Estado como la empresa son responsables de los daños y perjuicios causados a los trabajadores por no cumplir con el procedimiento de privatización de los puertos de Balboa y Cristóbal, establecidos en el numeral 3 del artículo 5 de la ley.