Los indígenas advierten que están en pie de guerra y listos a morir defendiendo sus recursos de las mineras extranjeras.
Los miembros de la etnia ng�be-buglé protestaron ayer en la Plaza 5 de Mayo y en la vía Interamericana a la altura de San Félix, donde fueron rociados con gas pimienta por los antimotines.
En la Asamblea Nacional de Diputados se consulta una propuesta de reforma al Código Minero para atraer inversión de multinacionales, principalmente de Corea del Sur, Singapur y Canadá.
El Gobierno alega que con las reformas, al Estado ingresará más dinero por las concesiones mineras, aumentarán las multas por contaminación y las compañías beneficiarias invertirán en obras sociales en comunidades de extrema pobreza.
Las compañías mineras deberán pagar un canon de entre uno y tres dólares por cada hectárea para exploración y entre 1.50 y 8 dólares por hectárea para extracción, mientras que las regalías al Estado por su producción van desde el 4 al 8%.
En el segundo día de consultas, el debate en la Asamblea se centró en el tema de la apertura para el financiamiento de la actividad minera por parte de Gobiernos extranjeros, a través de agencias económicas o empresas privadas legalmente constituidas.
Unas 16 organizaciones desfilaron por la Comisión de Comercio. Los grupos ambientalistas que rechazan el proyecto son del criterio de que se abre una puerta para que los recursos minerales del país sean aprovechados y devastados por Gobiernos extranjeros.
El ministro Roberto Henríquez manifestó que la ley no es para la promoción de Cerro Colorado. Negó que se pretenda convertir el país en un "país minero".
Indicó que la actividad es cíclica, y así como la libra de cobre puede llegar a los B/6.00, así mismo pueden caer los precios, por lo que hay que aprovechar el mercado en tiempos de bonanza.