Vandalismo popular y brutalidad policial en la República Dominicana

Santo Domingo
EFE

El vandalismo por parte de algunos sectores populares y la brutalidad policial caracterizaron las protestas que esta semana causaron seis muertos y más de 20 heridos por bala en la República Dominicana.

Al término -o tregua, por la cercanía de la Semana Santa- de los enfrentamientos que han alarmado al sector industrial, por el temor de que afecten al turismo y a la inversión extranjera, varios funcionarios han admitido que los excesos caracterizan el comportamiento de los manifestantes y de la Policía.

"Huelga", en República Dominicana, independiente de cual sea la reclamación, supone tradicionalmente lluvia de botellas incendiarias, quema de neumáticos, rotura de cristales, apedreamiento de vehículos, saqueo de viandantes y hasta el uso de armas de fuego de fabricación casera.

"Control policial", por otra parte, significa detenciones masivas, disparos indiscriminados y persecución a golpes de la población civil, especialmente de los jóvenes -participen o no en las protestas-, por parte de agentes policiales con una rudimentaria preparación y armamento militar.

La Comisionada para la Reforma de la Justicia, Aura Celeste Fernández, admitió en declaraciones que publica hoy la prensa local, que en la República Dominicana ni los manifestantes saben protestar civilizadamente ni la Policía está preparada para respetar los derechos humanos y tratar con civiles.

Los incidentes más graves de esta semana, en Nagua, al noreste del país, comenzaron cuando la Policía arrestó a numerosos jóvenes y líderes populares por la simple sospecha de que se preparaba una huelga en la zona. Las protestas, de hecho, comenzaron para pedir su liberación.

En Las Matas de Farfán, al sudoeste del país, una manifestación pacífica de hombres mujeres y niños para reclamar una mejoría en el sistema de agua potable, encabezada por religiosos católicos locales, fue disuelta violentamente por la Policía a golpes de porras y culatazos.

Por otra parte, atravesar una localidad "en huelga" puede significar para cualquier transeúnte o conductor ser saqueado por bandas de jóvenes que pescan en río revuelto.

El "peaje" obligatorio, una "aportación" para comprar gasolina solicitada por grupos armados de antorchas, palos o machetes, es el riesgo mínimo, así como quedarse sin zapatos, especialmente si son deportivos y de marca.

Numerosos articulistas y sociólogos han denunciado la falta de una cultura o tradición de dialogo que reúna a los líderes populares con los funcionarios del Estado antes de que se produzca el enfrentamiento violento.

Ante el malestar creciente por falta de agua, obras públicas u otros problemas sociales, por una parte se empieza a almacenar gasolina, botellas y neumáticos, y por otra a detener a los ciudadanos sin órdenes judiciales y a acuartelar a tropas de asalto.

Las protestas y los enfrentamientos de esta semana afectaron a varias poblaciones que, aunque no son receptoras de turismo, están situadas en lugares de paso de extranjeros que recorren las playas de la costa atlántica del país.

En la capital dominicana, los focos de tensión están en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en los barrios populares y en los accesos a la ciudad.

Empresarios hoteleros e industriales, que públicamente han criticado las huelgas, se han dirigido también al Gobierno para que modifique el tradicional tratamiento "policial" de las reclamaciones populares y establezca canales de diálogo entre la población y las autoridades.

 

 

 

 

 

 







 

Al término -o tregua, por la cercanía de la Semana Santa- de los enfrentamientos que han alarmado al sector industrial, por el temor de que afecten al turismo y a la inversión extranjera, varios funcionarios han admitido que los excesos caracterizan el comportamiento de los manifestantes y de la Policía.

 

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