La espera llegó a su fin. El Ministerio Público envió a la Asamblea Nacional copia autenticada del proceso penal vinculado a la denuncia de la ex candidata presidencial Balbina Herrera por el supuesto pago de un millonario soborno para lograr la ratificación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora y Alberto Cigarruista, en enero del 2002.
Le corresponderá a la Comisión de Credenciales iniciar las investigaciones de esa parte del expediente que consta de 15 tomos contentivos de 8,698 folios. El envío del expediente se da en cumplimiento de la resolución del 24 de diciembre de 2009 del pleno de la Corte Suprema de Justicia.
En la carta enviada al secretario de la Asamblea, Wigberto Quintero, por la secretaria de la Procuraduría de la Nación, Nedelka Díaz Saavedra, se comunica igualmente el envío de la copia autenticada del proceso penal seguido al aún diputado, Carlos Afú, el ex legislador Mateo Castillero y los empresarios Stephen Jones y José Martin Rodin por la presunta comisión del delito contra la administración pública por la denuncia de Afú sobre el pago de dinero a los legisladores para la ratificación del proyecto CEMIS.
ANTECEDENTES
- 30 de enero de 2001. Se aprueba en la Asamblea el contrato entre el Estado y el consorcio San Lorenzo para la creación del CEMIS.
- 9 de enero de 2002. Se ratifican a dos nuevos magistrados en la Corte Suprema, Winston Spadafora y Alberto Cigarruista.
- Balbina Herrera denuncia que hubo pago de dinero para ratificar a los dos nuevos magistrados.
- El 16 de enero de 2002. El diputado Carlos "Tito" Afú denunció con fajos de dinero en mano la compra de votos para la aprobación del CEMIS. Admitió públicamente haber recibido $6 mil en efectivo al igual que sus otros 33 legisladores del PRD para aprobar el CEMIS.
- El día viernes 17 de julio de 2009, la Procuraduría General envió nota a la Presidencia de la Corte Suprema, y anunció un impulso procesal.
- El 22 de julio de 2009 se ordena apertura del caso.
- El 24 de diciembre de 2009, el pleno de la Corte ordena fragmentar el expediente y enviar a la Asamblea la parte competente a la investigación contra los magistrados y al Ministerio Público el resto de la investigación contra ex legisladores y empresarios mencionados en el expediente.