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El gobierno del presidente Fidel Castro, pasando de una disputa diplomática a otra, volcó ayer su ira contra Panamá, por su negativa a extraditar a cuatro exiliados cubanos acusados de terrorismo contra la isla.
Panamá rechazó la semana pasada el pedido de Cuba de extraditar a los cuatro, entre ellos el activista anticomunista Luis Posada Carriles, quienes fueron arrestados en noviembre luego que Castro los acusó de conspirar para asesinarlo en la Cumbre Iberoamericana que se realizaba en ese país.
Un comunicado de la cancillería cubana expresó "la más profunda indignación del pueblo de Cuba por la injusta denegación de la extradición" y acusó al gobierno de la presidenta Mireya Moscoso de sucumbir ante las presiones de Estados Unidos.
Las críticas a Panamá fueron las más recientes en dos semanas de constantes ataques --algo fuera de lo común aún para el estridente estilo cubano-- contra numerosas naciones latinoamericanas y occidentales que votaron recientemente para censurar al gobierno de Castro en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.
Dejando de la la cautela diplomática, La Habana ha estado fustigando a importantes socios comerciales, como Canadá y España, y satirizando a la dirigencia de algunos vecinos de América Latina, calificando, por ejemplo, de "lamebotas" al gobierno argentino.
Argentina y Costa Rica han retirado a sus representantes de mayor rango de La Habana.
La declaración del miércoles dijo que Panamá había cedido a los pedidos de un poderoso grupo anticastrista, la Fundación Nacional Cubano Americana, y del gobierno estadounidense, en nombre de los cuatro exiliados.
"El Gobierno de la Presidenta Mireya Moscoso se ha esforzado por hacerle un regalo al Gobierno del Presidente George Bush", dijo el comunicado de la cancillería.
Posada Carriles es el enemigo público número uno de La Habana, acusado de décadas de violencia con la complicidad de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), incluyendo un atentado con bomba en 1976 que mató a 73 personas en un avión de Cubana de Aviación y una campaña de atentados contra instalaciones turísticas de la isla en 1997.
Posada Carriles, ahora de 72 años, fue encarcelado en Venezuela por su presunta participación en el atentado de 1976, pero luego escapó, aparentemente disfrazado de cura.
"Quedará en la mente de las presentes y futuras generaciones de cubanos, de los familiares de los caídos y en la de todos los hombres y mujeres honestos y dignos del mundo, la bochornosa complicidad de las autoridades panameñas ante el apañamiento de actos terroristas universalmente condenados", agregó la nota.
La Habana también acusa a otros tres hombres --Gaspar Jiménez Escobedo, Pedro Remón y Guillermo Novo Sampol-- de participar en el asesinato de varios diplomáticos cubanos, de conspirar para matar a Castro, y de ataques a embajadas y aerolíneas durante las cuatro décadas posteriores al triunfo de la Revolución cubana de 1959.
El gobierno de Moscoso rechazó la extradición basándose en que los cuatro estaban siendo juzgados en Panamá por posesión ilegal de explosivos, que La Habana había rechazado antes la extradición de panameños detenidos en Cuba, y que la isla había proporcionado evidencias insuficientes para demostrar su culpabilidad.
Pero sobre estos tres puntos, Cuba argumentó que Panamá podría enjuiciar a los cuatro antes de extraditarlos; no hubo casos paralelos directos de pedidos de extradición de Panamá, y La Habana ha enviado 2.492 páginas de "irrefutables pruebas".
Cuba respondió que si los cuatro exiliados escapan de las "inseguras prisiones" de Panamá o son favorecidos por "arbitrarias decisiones legales...toda la responsabilidad recaerá sobre el Gobierno de Panamá". |
