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Recientemente fue aprobada en primer debate, la ley que establece el uso del idioma inglés como idioma comercial de la República de Panamá, con el propósito de completar y consolidar sus ventajas competitivas en el mercado mundial.
La polémica ley busca atraer inversiones y al mismo tiempo agilizar su capacidad negociadora y de penetración en los mercados internacionales de exportación. Así como capacitar a nuestros ciudadanos, a fin de abrir un mercado de empleo con este campo, con un idioma inglés comercial.
Joaquín Vallarino III, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral indicó que la aprobación de esta ley es un paso significativo para la modernización del mercado laboral y que contribuirá a la creación de más empleos dignos y para mejorar las remuneraciones que permitan una calidad mejor de vida entre los panameños.
Manifestó que pese a los esfuerzos realizados por el gobierno para atraer inversión mediante la promoción de los cinco troncales de fibra óptica que pasan por Panamá para unir al mundo, la circulación de una moneda fuerte como es el dólar, los privilegios geográficos y la cercanía a los Estados Unidos, que constituye el principal mercado de la empresa con el 85% de sus actividades, no hubo forma de competir contra el alto porcentaje de personas que hablan inglés en Malasia, en contra a 5% de la población panameña que la domina.
Melva Lowe de Goodin, en representación de la Universidad de Panamá, manifestó que dentro del articulado del proyecto no han encontrado nada que indique que el Estado estaría dispuesto a brindar los recursos económicos necesarios para apoyar la capacitación, tanto de estudiantes como de profesores.
Subrayó que se trata solamente de dar respuesta en cuanto a importar profesionales extranjeros para capacitar en el idioma inglés, pues el abrir la puerta de la importación provocará el desempleo entre los profesionales del inglés en el país.
La jornada que analiza el proyecto de ley, cuenta con la participación de representantes del Ministerio de Educación, de COSPAE, de la Cámara de Comercio, de la Asociación de Profesores, del Ministerio de Trabajo, de las universidades privadas y de la Universidad de Panamá, entre otras instancias vinculadas al tema. |