La Corte Suprema de Justicia pretende corregir una falta cometida por la Asamblea Nacional, referente a la concesión de permisos de salida del país a personas vinculadas en procesos de quiebra fraudulenta.
El presidente de la Corte Suprema, Harley James Mitchell, solicitó anoche a los diputados mediante un proyecto de ley, la pronta restitución de la redacción de los artículos 1, 545 y 1, 552 del Código de Comercio, para devolverle al juez de la causa la facultad de determinar si autoriza o no la salida del país de un implicado en delito de quiebra dolosa.
Una inclusión de dos artículos a última hora, por parte del diputado Jorge Hernán Rubio, reformó el Código de Comercio en febrero de este año, para restarle a los jueces la facultad de decidir sobre la estadía territorial de personas procesadas por este delito.
En síntesis, el magistrado Mitchell aseguró que la reforma propuesta simplemente permitiría que 143 procesados por delitos de quiebra fraudulenta se burlasen de la ley panameña.
Mitchell afirmó ante el pleno, que la corrección de esta reforma era necesaria para preservar la imagen internacional del país como Estado que persigue y castiga el delito en todas sus formas.