La Contraloría expresó su negativa a adelantar las investigaciones patrimoniales sobre los procesos administrativos que culminaron con el pago de $573,202.64, en concepto de indemnización a la empresa See Buy And Sail Company, S.A. -hoy High Claas Construction, S.A.- cuya representante legal es la ex candidata presidencial Balbina Herrera.
Dicha solicitud de investigación fue presentada el pasado 14 de abril de 2009, por el Panameñista Luis Eduardo Camacho, quien aduce que tales actos administrativos podrían haber causado una posible lesión patrimonial al Estado.
La carta enviada a Camacho indica lo siguiente: "no podemos acceder a sus solicitud, toda vez que se trata de actos administrativos los cuales gozan de la presunción de legalidad".
Según Camacho el contrato de arrendamiento, que sirvió de base para el reclamo de indemnización, fue pactado por 10 años pese a que un año antes el Estado había iniciado un proceso de acto público para la privatización de los puertos y en donde están incluidas las áreas que se otorgaban en arrendamiento.
La denuncia indica también que la empresa que operaba en el área otorgada en arrendamiento, fue cerrada por las autoridades de aduana, por supuestamente incurrir en el delito de contrabando.
