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El MOP y el MIVI han sido enérgicos, amenazando a precaristas de tirarles la casa abajo, sino desalojan.  |
Unas 29 familias precaristas de la barriada San Agustín de Arraiján, quienes invadieron terrenos a orillas de la vía Interamericana, áreas de servidumbre destinadas para la construcción del ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera vía de acceso con el segundo puente sobre el Canal, recibieron un ultimátum de 10 días para desalojar las tierras, de lo contrario se ordenará la desocupación
Para Aura Madrid, madre de cinco niños y en estado de embarazo, se siente preocupada por la decisión asumida por la coordinación del Ministerio de Vivienda (MIVI) en Arraiján de darle un plazo de 10 días para desocupar el área.
"Soy una madre y estoy en estado de embarazo, por lo que el MIVI por mi condición social, supuestamente me benefició con una solución habitacional en la barriada Alameda áreas revertidas".
Pero este terreno ofrecido a unas ocho familias ha sido rechazado por la topografía irregular, ya que está sumamente quebrado y sobre una loma. Aseveró que para el colmo esa comunidad es inaccesible ni siquiera tiene agua potable, en vez de calles, existen caminos de tierra en estado intransitable, es decir carecen de servicios públicos. Aseguró que el lugar está a muchos kilómetros de distancia, esto le dificultaría a sus hijos asistan a la escuela Altos de Cáceres. La situación económica no es la más favorable, ya que la reubicación traería aumento de gastos.
"Le pedí a la coordinadora del MIVI, Yolanda de Medina, la reubicación en un área más accesible por mi condición socioeconómica, pero con grosería contestó que no estabamos en condiciones para escoger y debemos conformarnos con lo que nos ofrecen", expresó la afectada.
Confesó que tiene dos años de residir en la barriada San Agustín, ocupó los terrenos por no tener un lugar donde vivir, carece de recursos económico para suplir la necesidad de un techo digno para su familia, su esposo les construyó una vivienda improvisada de madera y zinc en condiciones temporales.
Según la precarista, los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el MIVI han sido enérgicos; los han amenazado de que quien se opone a salir le tiran la casa abajo, además sólo tienen prioridad de una solución a aquellas familias que tienen un pariente enfermo, inválido o sufra de deficiencias físicas y mentales.
Sandy Metagart, otro precarista, aseguró que muchos han quedado a la intemperie, tirados por cualquier esquina, a él en lo personal lo sacaron del terreno para ubicarlo en una esquina hasta que se le pueda brindar una solución.
"En una reunión celebrada este martes sólo se le dió un plazo de 10 días para salir del lugar, de oponerse a la medida serán desalojados. Lo lamentable es que ni siquiera a muchos se les ha brindado una solución de vivienda, a otros le exigen una serie de requisitos muy complicados de conseguir", indicó. Por otro lado, Isaac Pimentel, otro de los invasores, dice que vive con sus padres junto a hermanos menores y es quien lleva el único sustento en el hogar.
Señaló que su precaria condición de pobreza les limita costear el pago de una vivienda en proyectos de urbanizaciones, y por no contar con un terreno para vivir ocuparon ilegalmente las tierras hace varios años, ahora están a la espera de una reubicación. Consultada la coordinadora de Enlace del MIVI, Yolanda de Medina, aseguró que la institución ha reubicado 50 familias del lugar, que tenían varios años de ocupar las tierras.
Negó las acusaciones de los actuales invasores, 29 familias, que confirmaron tienen muy poco tiempo de ocupar el área de servidumbre, donde se realizará próximamente los trabajos de construcción de la carretera de acceso al segundo puente sobre el Canal. |