En una movida acordada entre las administraciones saliente y entrante, el Presidente Martín Torrijos presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto que le permitiría a su sucesor, Ricardo Martinelli, aumentar la deuda pública para aplicar medidas que contrarresten los efectos de la actual crisis económica.
Una eventual Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) flexibilizará y permitirá extenderá el límite del déficit fiscal del 1% al 3% del Producto Interno Bruto en lo que resta del año.
Una vez aprobada esta ley, el gobierno estará en posición de aumentar en más de 600 millones de dólares el nivel de deuda, todo para poder financiar planes de inversión que permitirían el cumplimiento de algunas promesas de campaña.
La medida tiene como norte dar un aire a la administración Martinelli para contrarrestar la actual situación: un descenso marcado del crecimiento económico, reflejado mayormente en el decrecimiento de la actividad inmobiliaria, un desplome de 60% en las exportaciones y una drástica reducción en la carga que pasa por el Canal de Panamá.
También resulta necesaria la medida, ya que la administración Martinelli heredará un presupuesto casi totalmente comprometido, y una planilla estatal inflada con nuevos funcionarios metidos a última hora a la Carrera Administrativa. Casi no hay espacio para nuevas iniciativas o cambios de rumbo.
Pero si no se utiliza prudentemente esta herramienta que la administración Torrijos le hereda al nuevo gobierno, el hueco en que estamos entrando podría profundizarse. Tomemos en cuenta que en los últimos 5 años el nivel de deuda aumentó 20%, para llegar a los 10 mil 642 millones de la actualidad.
Hay que usar el dinero para lo estrictamente necesario y prioritario.