La ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt y su familia presentaron una acción de conciliación contra el Ministerio de Defensa para exigir el pago de unos 6, 84 millones de dólares por los perjuicios ocasionados durante su secuestro de más de seis años.
La familia Betancourt sustenta esa acción de conciliación en que varios oficiales del Ejército, el 23 de febrero de 2002, día de su secuestro por las FARC en una carretera del sur de Colombia, le garantizaron que no sucedería nada y que no corría peligro.
El Ministerio de Defensa consideró que no hay elementos objetivos para conciliar con Ingrid Betancourt, por los daños ocasionados durante su secuestro.
El principal argumento del Gobierno colombiano es que Betancourt, el día de su secuestro, desconoció y despreció las advertencias públicas y privadas que le hicieron las autoridades ante el inminente riesgo de seguridad que suponía su movilización por esa carretera del sur de Colombia.
