Las investigaciones contra 77 acusados de lavado de dinero, narcotráfico y asociación ilícita conocida como Operación "Ley Patríotica III", quedaron como una caricatura de expediente por los abogados de la defensa y hasta por la propia jueza Décima de Chiriquí, María De Los Angeles De Gracia quien sobreseyó a todos los investigados.
El caso recopilado en 86 tomos se inició en noviembre de 2007 en base a un informe de las oficinas de la DIIP en Chiriquí, con componentes policiales antidrogas que habían participado en el caso "Ley Patriótica II" y hacía ver la existencia de una red criminal de traficantes de drogas que además había penetrado a policías, peloteros, miembros de la otrora PTJ e involucraba a dueños de almacenes de Paso Canoas; a la jefe de una casa grande de venta de chances clandestinos y hasta a un sujeto que aduce ser pastor de una iglesia evangélica.
"Ley Patriótica" se originó en el año 2006, producto de las instrucciones de la Procuradora Ana Matilde Gómez y del ex director de la Policía, Rolando Mirones, quienes facilitaron que los funcionarios del Ministerio Público y las unidades de la DIIP, trabajaran en coordinación para desmantelar grandes redes del narcotráfico y blanqueo de capitales", señala un informe de la Policía Nacional publicado en el 2007.
Muchos análisis se han realizado al respecto, donde queda la interrogante sobre la función de la investigación preliminar, la postura del Ministerio Público, la función investigativa policial y el derecho al debido proceso, cuestionado por la juzgadora.
Al introducirnos en los análisis de los casos ya juzgados "Ley Patriótica I y III", hay coincidencias en los fallos, donde el resultado fue el sobreseimiento de cinco personas investigadas en el primer caso y en el tercero de 77 imputados, y en donde los jueces señalaron que las pruebas presentadas en la investigación no pudieron acreditar el hecho punible.
En "Ley Patriótica I", el juez Tercero de Circuito Penal, Manuel Correa hizo un llamado de atención en el fallo donde señaló que "si los agentes policiales no han podido descubrir las pruebas necesarias, cómo podemos pretender que el �rgano Judicial y los jueces en particular resolvamos esta problemática, cuando somos los llamados a mantener el equilibrio entre los asociados, fallando respecto a las pruebas que nos presenten de manera objetiva e imparcial, sin apasionamiento alguno.
"El afán de perseguir o reprimir esto, no podemos desconocer que además de esa realidad que subyace hay leyes que debemos aplicar en apego al principio de estricta legalidad y presunción de inocencia, pilares de un estado de derecho y del derecho penal", indicó el juzgador.
En este caso el Segundo Tribunal de Justicia, bajo la ponencia del magistrado Luis Mario Carrasco tras la apelación de la Fiscalía Segunda de Drogas confirmó la decisión de primera instancia emitida por el Juzgado Tercero Circuito Penal de San Miguelito donde dictó sobreseimiento contra los 5 imputados en "Ley Patriótica I". La Fiscalía de Drogas anunció el recurso de Casación.
En la audiencia de "Ley Patriótica III" efectuada en Chiriquí la situación no varió, la juez Décima de Circuito Penal subrayó en su resolución final que: "los hechos no pueden ser armados únicamente a través de informes policiales, si éstos informes no cuentan con sustento en otros medios de prueba, porque para que un indicio brinde certeza al juzgador debe ser valorado en el contexto general del proceso y no aisladamente".
Para colmo de males de la Fiscalía que instruyó el caso, el tribunal consideró que los informes policiales que eran la base del caso en su gran mayoría no fueron ratificados, corroborados ni verificados por sus suscriptores. En esos informes destacaban la existencia de una organización de "tumbadores" en la que estaban envuelto miembros de la Policía.
Los investigadores policiales antidrogas José Samaniego, Daniel Arroyo y Francisco Orocú, aceptaron que fue infructuoso recolectar los elementos probatorios.
La juez en su intervención en el fallo destacó que "las resoluciones proferidas por el Ministerio Público deben contar con motivación y fundamento, respetando las garantías judiciales y el derecho de defensa".
Lo cierto es que -según la propia resolución de la jueza De Gracia- en dicho proceso sólo fueron incautados cerca de dos gramos de marihuana. El exfiscal José Abel Almengor declaró en KW Continente, que en otro caso relacionado a esa investigación se logró la captura de 1, 000 kilos de cocaína.
Estos gramos de cocaína fueron desestimados para asociar a los 77 investigados al delito de narcotráfico, al blanqueo de capitales y a la asociación ilícita para delinquir.
En la famosa "red criminal" fueron embarrados 42 miembros de la Policía y de la otrora PTJ, incluido el exjefe de Investigaciones Criminales de esta última entidad Wilfredo Hurtado.
A lo largo del documento judicial también se hizo alusión a cierta enemistad existente entre algunos policías con los encargados de preparar el informe de inteligencia que le sirvió a la Fiscalía de Drogas para iniciar las sumarias.
El proceso se inició teniendo como blanco de la investigación a Enoch Vidal Montenegro, conocido con el alias de "Micho", el "pastor" Rafael Francisco Leiton, alias "León de Judá" y los "galleros" mexicanos Félix Sánchez y David Plascencia.
A pesar de la convicción de la investigaciones realizadas por agentes antidrogas, y las Fiscalías de Drogas de Panamá y Chiriquí de comprobarse un plan estructurado de traslado de sustancias ilícitas y de lavado de dinero en el análisis integral se determinó que todos los grupos de vinculados en el expediente, no tenían interdependencia entre sí, no existía conexidad, no se comprobó el cruce de llamadas telefónicas y que eran una red criminal con carácter de permanencia, respetando un orden jerárquico, quienes a su vez tenían funciones definidas, lo que hizo invocar la duda razonable de la supuesta organización.
El fallo fue apelado por la Fiscalía de Drogas de Chiriquí que dirige el fiscal Javier Soriano.
Por su parte, aun se espera el fallo que dicte la juez Sexta de Circuito Penal, Issis Joseph en el caso "Ley Patriótica II" donde 12 imputados esperan la decisión por el delito de blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Este caso no varió de lo ocurrido en los otros dos fallados, los policías al momento de presentarse como testigos aceptaron que en sus investigaciones no pudieron corroborar la conexión de uno que otro implicado, como tampoco el "tumbe de drogas". La Fiscalía de Drogas aceptó que en este caso participó un testigo protegido que tenía dos identidades y la Unidad de Análisis Financiero en mucho de los casos de investigación financiera confirmó que los principales imputados no tenían acreditado movimientos anormales en sus finanzas.
"Ley Patriótica" logró incautar 30 millones de dólares, entre bienes muebles e inmuebles, buses de ruta, taxis y vehículos, así como la captura de los que se consideraron por la Policía y fiscalías antidrogas como los principales cabecillas de redes del narcotráfico que operaban en Panamá, México, España, entre otros países.