En una semana han sido ejecutado siete personas. Todo indica que son de esos crímenes relacionados con el narcotráfico y operaciones del sicariato. Quizás las autoridades no le prestan mayor atención, bajo la premisa que son problemas que se generan dentro de las propias bandas involucradas en ilícitos.
Sin embargo, el asunto es peligroso, porque en cualquier por querer acabar con un sujeto en un lugar público, se puede extender la mano del crimen al resto de los parroquianos ajenos a esas vendettas.
Lo peor del caso es que los investigadores nunca resuelven esos casos. Las Fiscalías Superiores del área metropolitana y del interior están llenas de expedientes de ese tipo. Lo único concreto que registran esas sumarias es que hubo un crimen atroz, pero no hay imputados.
El problema de la violencia, con los asesinatos como su máxima expresión, crece y crece cada día. En sólo 70 días de este gobierno ya se reportan cerca de 120 homicidios. Esa situación hace que Panamá -proporcionalmente a su población- tenga una de las tasas más altas de ese delito en el mundo.
La situación es delicada y reclama un análisis objetivo del problema. Se trata de un tema de Estado, donde el gobierno debe abrir el compas, para recibir las recomendaciones de los expertos locales y extranjeros sobre el tema. Las estadísticas revelan que el tema de la seguridad se complica cada día y directores de Policía vienen y van, pero las estadísticas criminales siguen creciendo.
En realidad no es una responsabilidad que compete sólo a la Fuerza Pública, sino que involucra a toda una sociedad, que tiene a varios de sus sectores podridos, que sólo piensan en la obtención del dinero fácil, sin importar su procedencia ni lo que haya que hacer para obtenerlo.