Dos hechos marcaron la jornada de ayer en el país. Un millón 230 mil residentes de los distritos de Panamá y San Miguelito quedaron por más de 10 horas sin en el servicio de agua potable y los periodistas fueron sorprendidos por un fallo troglodita que inhabilita a dos comunicadores al ejercicio de su profesión y se constituye un precedente para no divulgar noticias en base a reportes de inteligencia.
Lo del daño en la planta potabilizadora de Chilibre, aunque fue un evento fortuito, deja al descubierto la falta de capacidad del Estado para reaccionar ante un evento prolongado de falta de agua potable.
Las clases debieron ser suspendidas, muchas personas no fueron a trabajar y no había agua ni para el aseo personal ni para preparar los alimentos. No hubo un plan para distribuir en camiones cisternas agua potable a los sectores que se quedaron sin el vital líquido.
Lo sucedido demuestra además que se hace necesario no malgastar el agua. En un país tan pequeño como Panamá, hay un consumo per cápita de 106 galones, mientras que en los otros países es de 48.
Respecto al fallo contra los periodistas, todo hace sospechar que los magistrados que emitieron el fallo lo hicieron con el visto bueno de los poderosos. Resulta increíble que en plena democracia un tribunal se atreva a dictar ese tipo de resoluciones. De igual modo, es cuestionable la acción de los Fiscales que instruyeron ambos procesos, lo cual dio margen a la barbaridad jurídica del Segundo Tribunal Superior de Justicia.
Si el fallo busca atemorizar a los medios y a los periodistas, han logrado el efecto contrario, porque hay un compromiso general para defender la libertad de expresión y además resulta iluso tratar de frenar cualquier información, sobre todo en estos tiempos cuando los avances tecnológicos permiten divulgar cualquier tamal podrido.