El fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia que condenó e inhabilitó para ejercer su profesión a los periodistas Justino González y Sabrina Bacal Securansky, puso en el ojo de la tormenta al gobierno, que a últimas horas de la tarde de ayer tuvo que emitir un indulto a favor de los comunicadores.
Los magistrados Elvia Batista y Joaquín Carrasco acumuló dos procesos en los que habían sido sobreseidos los periodistas en las querellas por calumnia e injuria interpuestas por los exfuncionarios de Migración, Rosendo Rivera y Aida Castro, tras un reportaje sobre informes de inteligencia que advertían sobre la existencia de uan red de traficantes de ilegales.
Bacal y González fueron condenados a 12 meses de prisión o al pago de una multa de $3, 650 cada uno, pero además los inhabilita para ejercer el periodismo por un año, por no respetar la presunción de inocencia de los exfuncionarios y difundir el contenido de un informe de inteligencia.
INDULTO PRESIDENCIAL
Los gremios periodísticos del país y las organizaciones internacionales levantaron una lluvia de criticas que llevó al mandatario Ricardo Martinelli a afirmar que tiene el firme compromiso preservar, promover y proteger tanto la libertad de expresión, como el derecho a la información y en razón de ello, aunque respetamos la separación de los poderes del Estado, decidió decretar un indulto Presidencial.
Horas antes, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de "retroceso para la libertad de prensa y el derecho del público a la información" el fallo
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, lamentó que se haya abierto la polémica sobre la penalización o no de los delitos de calumnias e injurias, figuras que fueron despenalizadas en 2008. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aníbal Salas había alegando que respetaba la independencia judicial y que la decisión tenía que ser respetada.
El Colegio Nacional de Periodistas tildó de insólito y retroceso para la democracia en Panamá la decisión de los magistrados.
El Sindicato de Periodistas de Panamá sostiene que con la medida confirma la preocupación por el peligro que se cierne sobre el periodismo panameño, crítico y objetivo, que estremece los cimientos de una endeble democracia, en esta gestión de gobierno.
Por su parte, la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera de Panamá hizo un llamado a las autoridades panameñas para que reflexionen sobre el rumbo que está tomando el respeto a las garantías fundamentales desde las instancias que ejercen el poder.
Por su parte, la bancada del PRD propuso ayer un anteproyecto de ley para conceder amnistía o perdón a los periodistas nacionales y extranjeros actualmente procesados por supuestos delitos contra el honor.
Para la dirigencia del Partido Popular (PP), el fallo es un nuevo mazazo en contra la institucionalidad democrática panameña.
Según la dirigencia del PP, la democracia no crece silvestre y si no se defiende "seremos tragados por la ley de la Selva".