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El jefe de campaña presidencial de Martín Torrijos, Hugo Torrijos Richa, tendrá que seguir esperando a que las investigaciones en su contra por supuesta lesión patrimonial finalicen, para lograr establecer si procede la orden de descongelamiento de sus bienes valorados en B/.6 millones, informó ayer el Contralor Alvin Weeden.
El Contralor expresó que la investigación se ampliará con la remisión de una solicitud a la jurisdicción norteamericana para los efectos de iniciar un proceso investigativo sobre actos de corrupción de ciudadanos de los Estados Unidos en esta supuesta relación delictiva de lesión patrimonial contra el Estado panameño. Weeden negó que sus acciones tengan ribetes político-partidistas.
Torrijos sostuvo en su oficina una reunión de media hora con Weeden, de donde salió con cara de pocos amigos al conocer que la cautelación de sus bienes tiene duración indefinida.
Por su parte Torrijos, en una especie de juramento, aseguró que no es dueño ni accionista de la empresa Ports Engineering & Consultans Corp. y mucho menos dijo haber recibido beneficio económico de las actividades en las que está vinculada esta naviera.
Torrijos abogó por la legalidad del contrato suscrito con la Ports Engineering & Consultans. Sostuvo que antes de aprobarle este contrato, las entidades fiscalizadoras de la Contraloría y de Hacienda y Tesoro lo "jodieron" con una serie de trámites necesarios para asegurar la legalidad de lo acordado con la empresa transnacional.
Uno de los alegatos de Weeden lo constituye el hecho que el contrato fue suscrito con una empresa de poco tiempo de operaciones. A este punto Torrijos aseguró que el 90% de las contrataciones se concretizan con empresas con estas características.
El perredista sostuvo que dicho contrato fue aprobado por el Consejo Económico Nacional (CENA), que vio con buenos ojos la privatización de los servicios de mantenimientos de señalizaciones navieras.
Torrijos expresó que existe una opinión jurídica de la Procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, donde advierte de la legalidad de lo actuado cuando encabezaba la dirección de la Autoridad Marítima.
"Este no es un caso nuevo, sino que viene siendo tramitado desde el mes de enero del año 2000 y es sospechoso que en plena campaña política se quiera acelerar un proceso que está siendo gestionado en los tribunales", dijo. |
