En Panamá existen 2.3 millones aproximadamente, de hectáreas que están en trámites para la concesión del desarrollo de la actividad minera.
Hasta septiembre de 2008, el Ministerio de Comercio (MICI) ha otorgado unas 127, 036 hectáreas en concesión para la exploración y explotación minera a cielo abierto en Panamá.
Ante la denuncia de un grupo de ambientalistas sobre el "alarmante" número de solicitudes de tierra para la actividad miner, Ricardo Vargas, Defensor del Pueblo, solicitó ayer al Ejecutivo una moratoria, mientras se haga un ordenamiento en las reglas para el otorgamiento de estas concesiones.
Vargas considera que ante la debilidad institucional, es necesario que haya más transparencia en estos procesos de concesión y que se fije una política pública en esta materia, acorde con los estándares internacionales, apegada al respeto a los derechos humanos.
Adelantó que en los próximos 15 días presentarán un informe sobre las consecuencias de la minería en Panamá desde la perspectiva de los derechos humanos.
Raisa Banfield, directora del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, aseguró que el desarrollo de las comunidades con esta actividad minera son meras especulaciones, que representa un negocio para cierto grupo en donde el "Gobierno está siendo cómplice".
Según la ambientalista, ellos presentarán acciones legales contra los contratos otorgados y continuarán con las manifestaciones en las comunidades afectadas hasta que la actividad minera sea erradicada de Panamá.
Entre las áreas en donde se desarrolla esta actividad en Panamá están Cañazas en Veraguas, Cerro Quemao en el Valle de Tonosí, provincia de Los Santos, Donoso en Colón, la Pintada en Coclé, las Minas en Herrera, entre otras.