Los señalamientos que se le hacen al ministro de Gobierno y Justicia obligan al inicio de una investigación. Se habla del asesinato de una persona y corresponde a la Procuraduría de la Nación abrir las sumarias respectivas.
Al mismo tiempo, lo que corresponde es la separación del funcionario señalado al menos hasta que se concluya el proceso, para así facilitar las pesquisas del Ministerio Público y que los familiares de las víctimas, testigos y el propio señalado puedan presentar sus versiones de los hechos, para que sean valoradas por los tribunales.
La situación origina un grave problema para la actual administración, ya que el principal promotor de la política de seguridad, es señalado de la comisión de un acto que debe ser aclarado.
Durante el régimen castrense se contabilizaron 110 casos de desaparecidos, pero lo sucedido con el cabo Andrés García nunca había sido reportado hasta ahora que sus propios familiares dieron detalles.
Todo indica que muchas personas debieron conocer en su momento lo ocurrido, pero por décadas -tal como ha ocurrido en otros casos- imperó el Código del Silencio.
Así como hoy se han divulgado detalles sobre la muerte del cabo García, los que conocen lo qué pasó con los opositores a los cuarteles, deben hablar para saber la suerte que corrieron esas decenas de panameños que pagaron con su vida por no aceptar al régimen cuartelario.