Con la cercanía de las elecciones de mayo de 2009 se hace necesario que el Ejecutivo, la Contraloría y la Fiscalía Electoral adopten las acciones necesarias para prevenir que se utilicen los recursos oficiales para favorecer a uno u otro candidato.
En época de campaña política siempre existe esa tentación de favorecer a los abanderados del oficialismo. Cualquier funcionario puede tener simpatías por un determinado candidato, pero no puede aprovechar ni los recursos públicos ni su jornada laboral para hacer campaña proselitista.
En tiempos modernos, donde los medios de comunicación social, la sociedad organizada y los partidos políticos están vigilantes, los servidores públicos no pueden cometer ese tipo de errores.
El Ejecutivo también debe girar instrucciones precisas para que sus ministros y altos cargos de instituciones, no descuiden las labores bajo su responsabilidad, debido a la distracción que provoca la agitación política propia de los meses previos a las elecciones generales.
Panamá tiene un rosario de problemas que debe atender el gobierno y se requiere a funcionarios comprometidos con la gestión pública y no personas entretenidas en las acciones propias de los partidos políticos que se disputarán el poder.
El asunto es sencillo, el que quiere hacer campaña proselitista que renuncie y deje el campo abierto a otro que esté dispuesto a agachar el lomo, tal como debe ser.
Ese tipo de situaciones es mejor prevenirlas de antemano y de esa forma se evitaría un bochorno tanto para el gobierno de turno como para los candidatos favorecidos con algún recurso estatal.