Voceros del Ejecutivo han revelado que entre las reformas a la Constitución Nacional que se presentarán a la Asamblea Nacional figura la creación de un Tribunal Superior Constitucional. Se trata de una instancia que estaría por encima de la Corte Suprema de Justicia y que tendría en sus manos la salvaguarda de la constitucionalidad del país.
Dicho de otra forma, los fallos de la Corte ya no serían definitivos e inapelables, lo que daría a los ciudadanos la posibilidad de acudir a una instancia superior cuando sientan que se vulneran sus derechos constitucionales o que se aprueban normas que violan la Carta Magna.
El Tribunal Superior Constitucional es una institución jurídica que rige con buenos resultados en varios países de América Latina y es un viejo anhelo de sectores de la vida nacional.
Hasta el momento, representantes de la sociedad civil y el Colegio de Abogados han visto con buenos ojos la creación de esta instancia. Esto, debido a que la institución no es mala, pero podría dañarse dependiendo de la forma como se maneje.
Las personas que sean designadas para ocupar las magistraturas en el nuevo Tribunal deben ser verdaderamente independientes y no amanuenses de los gobernantes de turno. Deben ser demócratas probados y respetuosos de los derechos humanos porque en sus manos tendrán la salvaguarda de la carta fundamental. Actuar de forma contraria, lo único que provocaría es una nueva decepción y pondría una raya más de desprestigio a la justicia panameña.