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Fujimori supera
última valla para comicios del 2000
Agencias
Internacionales
El
presidente de Perú, Alberto Fujimori, salvó el
último obstáculo para ser candidato a una segunda
reelección consecutiva al rechazar oficialmente el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE) los recursos presentados en su contra.
El JNE emitió inesperadamente, a última hora
del pasado viernes, 31 de diciembre, una resolución de
cinco páginas en la que declara que Fujimori está
"habilitado para postular como candidato al cargo de presidente
de la República, en los próximos comicios",
que se celebrarán el 9 de abril.
Esa resolución responde a las diferentes impugnaciones
que interpusieron la mayoría de partidos de la oposición
contra la candidatura de Fujimori.
Fujimori, que gobierna Perú desde 1990, inscribió
el pasado lunes su candidatura a presidente de la República
en las elecciones generales del próximo abril.
El propio Fujimori declaró que no podía presentar
su candidatura en el 2000, porque no lo permite la Constitución,
en una entrevista realizada en 1997, rescatada y difundida recientemente
por varios medios de comunicación.
El artículo 112 de la Constitución peruana,
vigente desde 1993, dice lo siguiente: "el mandato presidencial
es de cinco años. El presidente puede ser reelegido de
inmediato para un período presidencial. Transcurrido otro
período presidencial, como mínimo, el ex presidente
puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones".
La mayoría oficial en el Congreso, no obstante, aprobó
en 1997 una ley, denominada de "Interpretación Auténtica
de la Constitución", que habilita a Fujimori a presentarse
en los comicios del 2000 al considerar el período de gobierno
que ejerció entre 1990 y 1995 sujeto a un régimen
constitucional, el de 1979, diferente al vigente actualmente.
Fujimori fue elegido por primera vez en 1990, bajo el orden
constitucional de la Carta Magna de 1979, que fue sustituida
por otra en 1993.
Esa nueva Constitución fue fruto de una Asamblea Constituyente
que se formó después de que Fujimori, desde su
posición de presidente de la República, protagonizara
un golpe de Estado en 1992 y disolviera los poderes judicial
y legislativo.
La oposición y la mayoría de juristas que no
tienen responsabilidades de Gobierno consideran que, a todos
los efectos, Fujimori cumple actualmente su segundo mandato consecutivo
y por tanto, según la Constitución vigente, no
puede presentar su candidatura para optar a un tercer período
presidencial.
Fujimori dijo el pasado lunes que "hubiera preferido
un escenario político distinto, un escenario donde existieran
otras alternativas reales para la defensa y garantía del
proceso de cambio, de paz interna y modernización",
pero "las fuerzas o movimientos políticos que han
surgido representan una suerte de improvisación y neopopulismo
que podrían poner en peligro lo avanzado hasta ahora".
Fujimori se presentará a las elecciones del próximo
abril como líder de la alianza política "Perú
2000", que aglutina a su propio partido, "Cambio 90"
y a los pro gubernamentales "Vamos Vecino", "Nueva
Mayoría" y "Perú con Futuro".
Los candidatos a vicepresidentes primero y segundo junto a
Fujimori serán Francisco Tudela y Ricardo Márquez,
respectivamente.
Tudela, ex ministro de Relaciones Exteriores, es actualmente
embajador de Perú ante la ONU, y Márquez es vicepresidente
primero del Gobierno.
Además de proceder a las mencionadas impugnaciones
rechazadas por el JNE, los partidos de la oposición hicieron
un llamamiento unánime a la "resistencia civil"
y calificaron como "nuevo golpe de Estado" el anuncio
del presidente peruano, Alberto Fujimori, de buscar un tercer
mandato consecutivo.
No obstante, ninguno de los candidatos de la oposición
ha retirado su candidatura y todos han coincidido en mantenerse
en la carrera electoral, a pesar de que consideran el proceso
viciado de origen y anticonstitucional.
El gobierno peruano rechazó en 1998 la celebración
de un referéndum en el que se decidiera si Fujimori podía
ser o no candidato en el 2000, a pesar de que la oposición
consiguió y presentó reglamentariamente el número
de firmas necesario para solicitar esa consulta popular.
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