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Personal de la ANAM decomisó el producto de la caza ilegal, en los casos señalados en El Rincón de Santamaría y en Llano Largo de Ocú.  |
Dos casos de cacerías fueron remitidos por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) a las respectivas personerías de la provincia de Herrera para iniciar un proceso por estos delitos ecológicos, mientras que existen pruebas de peso para iniciar esta investigación, ya que según las autoridades ambientales las multas, ya no tienen efecto en las personas que se dedican a esta práctica.
Gerardo González, director de ANAM en la región, explicó que uno de los casos fue localizado en el Rincón de Santa María y el otro en Llano Largo de Ocú, señalando que de ambos se tienen pruebas, ya que el personal que realizó la inspección pudo decomisar productos de la cacería y las armas que utilizaban para estas actividades.
Indicó que en estas áreas se dedican específicamente a la caza de iguanas y zercetas, manifestando que la cacería está siendo vigilada y perseguida en toda la provincia desde hace algún tiempo, sin embargo, las sanciones a través de multas no dan buenos resultados, porque las personas pagan el dinero y continúan exterminando las diferentes especies.
Según González, en ANAM como entidad protectora de los recursos naturales no existe ninguna instancia legal donde se garantice el cumplimiento de las multas, por lo que se ha decidido pasar estos casos a las personerías e incluso a fiscalías para que se castigue con medidas más enérgicas como un delito que atenta contra el medio ambiente.
La Ley 24 de Vida Silvestre en los Artículos del 60 al 65, establece que en este tipo de cacerías, cuando existen pruebas identificadas, se debe seguir un proceso en las personerías, por lo que González dijo que los dos casos remitidos se encuentran bastante adelantados y ya se han aportados las pruebas respectivas.
En la Personería de Santa María, ya los funcionarios de ANAM para llamados para rendir declaración de los hechos y en Ocú los trámites están bien adelantados indicando que por estos delitos ecológicos la ley señala que las personas acusadas pueden pagar de seis meses a dos años de cárcel dependiendo de los resultados de la investigación. González hizo un serio llamado de atención a las personas que se dedican a las actividades de caza señalando que aunque es difícil conseguir pruebas, las denuncias de cacerías serán tratadas por medio de la Personería, ya que es prioritario poner un alto en estas situaciones antes que se sigan incrementando los delitos ecológicos, ya que pareciera que con cárcel es que van a comprender. |
