La Asamblea Nacional de Diputados derogó ayer la Ley 8 que reformó el Código Minero. Al final se escuchó la voz del pueblo, que apuesta por otras actividades como protección del ambiente y aprovechar mejor el turismo ecológico y la biodiversidad del país, que explotar los yacimientos que existen en el subsuelo. La lección debió ser aprendida: en temas sensitivos es mejor consultar sin apuros, para evitar sobresaltos.
Hay que reconocer la disposición del Ejecutivo, de dar un paso atrás frente a un tema que era impopular, y la valentía de un pueblo indígena que luchó por lo que consideraba correcto.
La amenaza nuclear que hay en Japón tras el terremoto de 9 grados y el posterior tsunami que afectaron instalaciones sensitivas, es una voz de alerta a los ciudadanos que habitan la llamada aldea global, sobre la necesidad de analizar las actividades que pueden poner en peligro al medio ambiente.
Ahora bien, no se puede obviar que existe una serie de concesiones mineras en Panamá que operan bajo el amparo de un Código de hace 48 años, cuando las preocupaciones ambientales no eran tan rigurosas como ahora. Además, hay empresas que pagaban precios irrisorios por las riquezas que extraen.
También es una realidad que en la comarca Ng�be Buglé cabalga la pobreza, y esa región casi siempre ha estado olvidada por los gobiernos.
Es entendible la preocupación ambiental sobre el tema de la minería, pero tampoco se puede llegar a los extremos de frenar todas las actividades que se puedan desarrollar en la comarca.