El gobierno solamente cuenta con $20 millones para hacerle frente a los 270 trabajadores que fueron despedidos por la Ley 25 de 1990, reiteró ayer el ministro de Trabajo, Edwin Salamín.
A raíz de esta ley, decretada durante el gobierno de Guillermo Endara, el Estado panameño fue demandado y próximamente deberá asistir a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que los afectados han insistido en que no se le han reconocido sus derechos.
Salamín destacó que los 270 trabajadores afectados por la ley 25, ya han recibido cerca de $10 millones 800 mil.
