Mientras la Alianza Ciudadana Pro Justicia denunció una campaña de persecución contra los máximos dirigentes de la organización, entre ellos, Magaly Castillo, el mandatario Ricardo Martinelli reaccionó alegando que "grupos minúsculos" que no representan a nadie, quieren cogobernar.
A criterio de Maribel Jaén, el Gobierno intenta "criminalizar la protesta social" de las agrupaciones civiles y busca acallar las voces que critican los desaciertos en la administración de justicia.
Expresó que mediante campañas "pagadas" en diferentes medios se pretende enlodar la reputación de los dirigentes civiles.
El caso más notorio fue la suspensión de una contrato de consultaría a favor de Magali Castillo por la suma de $5 mil mensuales; mientras que emisarios del oficialismos afirman que el pago sería de $10 mil al mes, por conducto de los fondos del Ministerio Público durante la administración de procuradora separada, Ana Matilde Gómez.
La agrupación señaló que los ataques arreciaron luego de la participación de emisarios del grupo en la sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la semana pasada.
Angélica Maytín, de Transparencia Internacional-Panamá, señaló al Secretario de Comunicación del Estado, Alfredo Prieto, de liderar un grupo de panelistas televisivos, cuya misión es la de deteriorar la imagen de los directivos de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
"En campaña nos llamaban los voceros de Cambio Democrático para felicitarnos por nuestras críticas a la administración del PRD, pero ahora se molestan por nuestros cuestionamientos", afirmó. "No somos cuatro gatos ni cuatro gatas, saquen los dedos", dijo.
GOBIERNO REACCIONA
Al respecto, el mandatario Ricardo Martinelli dijo que no entendía ésto y dijo que hay una persona que está detrás de una campaña, porque quieren cogobernar y quieren que uno haga lo que ellos quieren, pero a nosotros nos eligieron para cambiar a este país y no para cogobernar con un grupo minúsculos que no representan nada.
El Gobierno también emitió un comunicado en el que advierte que cree en el derecho de la sociedad civil organizada de expresar su opinión sobre decisiones que tome el Gobierno.
"El simple hecho de que un diario cuestione una asesoría de una representante de la sociedad civil no significa que el Gobierno está detrás de la publicación", dijo la portavoz del Gobierno, Judy Meana.
"Lo que Magali Castillo debería hacer como miembro de la sociedad civil es aclarar su asesoría de $10, 400 al mes que le adjudicó la Procuradora separada, Ana Matilde Gómez, en lugar de echarle la culpa al Gobierno", expresó.