Miles de guatemaltecos se han apoderado ayer de las calles de la capital, unos para exigir la renuncia del presidente �lvaro Colom, señalado de ordenar el asesinato de un prestigioso abogado, y otras para mostrarle apoyo y solidaridad.
La Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, se ha colmado con más de 40.000 simpatizantes del mandatario, según los organizadores, traídos en su mayoría de las comunidades campesinas del interior del país por los líderes del oficialista partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
"Colom, estamos contigo", "�lvaro, presidente amigo, Guatemala está contigo", "Con Colom hasta la muerte", se leía en las pancartas que adornaban los centenares de autobuses que desde sus comunidades trasladaron a los manifestantes hacia la capital.
El mandatario enfrenta una grave crisis política a raíz de un video grabado por el abogado Rodrigo Rosenberg, quien fue asesinado el pasado domingo, en el cual acusó a Colom, su esposa Sandra Torres, y su secretario privado, Gustavo Alejos, de su asesinato.
El escándalo político, el más grave que enfrenta Colom desde que asumió el poder en enero de 2008, ha polarizado a la sociedad y dividido a los guatemaltecos entre los que piden su renuncia y que sea procesado por esos señalamientos, y los que le apoyan.
MARCHA DE LA PAZ
En la Plaza Italia, en el centro cívico de la capital, unos 15,000 guatemaltecos, según sus organizaciones, se han concentrado para exigir la renuncia del mandatario.
La denominada "marcha de la paz", la cual fue convocada por el poderoso sector empresarial aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), ha reunido en su mayoría a habitantes de las zonas urbanas, integrantes de las clases medias y altas de la sociedad.
A esta también se unieron el general retirado Otto Pérez Molina, el empresario Alejandro Giammattei, el académico Eduardo Suger, líderes de la oposición y ex candidatos a la Presidencia del país, derrotados por Colom en los comicios de 2007.
La Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal del país, ordenó al gobierno abstenerse de parcializar a las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.
