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Hoy, 29 de mayo, se cumplen dos años de la destitución de tres pilotos de alto rango del Servicio Aéreo Nacional que denunciaron presuntos actos de corrupción a lo interno de la administración del SAN, que regenta Máximo Carrizo.
Hasta la fecha no existe un fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, sobre la legalidad o no del acto, que los uniformados consideran "de persecución".
El magistrado ponente es el presidente de la CSJ, Adán Arnulfo Arjona, quien dijo no tener fecha fija para fallar el caso y que paradójicamente es el principal vocero de la política contra la mora judicial.
LA DENUNCIA
En el año 2002, el capitán Carlos Herrera- uno de los destituidos- denunció ante la Contraloría de la República y el Ministerio Público una serie de irregularidades en el SAN relacionadas con el abastecimiento de combustible del Estado a aeronaves y vehículos privados, el extravío de baterías, el robo de piezas de aeronaves, el mal manejo de la caja menuda y la eliminación de plazas de ascensos para que el director del SAN, Máximo Carrizo, presuntamente pudiera aumentarse el salario.
LA INVESTIGACION
La Contraloría, el Ministerio de Gobierno y Justicia y el Ministerio Público investigaron. Encontraron irregularidades administrativas y lo manifestaron a través de un boletín de prensa, pero no hubo sanciones.
Mientras que el Ministerio Público- mediante la Fiscalía Primera Anticorrupción -realizó investigaciones sumariales, la CSJ cercenó su poder investigativo al ordenar el archivo del expediente, arguyendo que la oficina de instrucción había excedido el tiempo para investigar.
LA DESTITUCION
Los oficiales fueron destituidos a través de un decreto firmado por la Presidenta de la República Mireya Moscoso. Pero no fueron sometidos a los rigores administrativos que exige el debido proceso en materia procesal, explicó el comisionado Rubén Darío Arg�elles, uno de los afectados.
EL OLVIDO
El expediente, desde hace un año y medio, se encuentra de incógnito en el despacho del magistrado Arjona. No obstante, Arg�elles dijo confiar en la imparcialidad del Magistrado Presidente y espera un fallo en derecho.
Dijo ser, aún, un fiel creyente en la justicia panameña. |
